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Como cada martes, la intención de la Junta de Personal Docente era registrar una petición de propuesta de negociación y, posteriormente, atender a los medios de comunicación. Pero, en la última ocasión, sus intenciones se vieron truncadas durante una hora. Al tratar de pasar a la sede del Gobierno de Cantabria en Peña Herbosa, los sindicalistas del sector de la Educación se toparon con una orden estricta que habían recibido los funcionarios: podían entrar al Registro, pero de manera individual, no como Junta.
Durante casi una hora, varios funcionarios de la sede del Ejecutivo entraban y salían explicando lo que a ellos les habían trasladado: «Hay una orden», aseguraban. Sin embargo, y a pesar de la petición del documento por escrito de los sindicatos, esa orden no llegaba. «Nos están negando un derecho», sentenciaba Diegu San Gabriel, «¿por qué sí dejan pasar a otros grupos de ciudadanos al Registro?».
A medida que pasaban los minutos, la tensión iba en aumento y el enfado de los representantes del profesorado también. Hasta tal punto que la Policía Nacional tuvo que intervenir en el altercado. Fueron los sindicatos quienes pidieron a los agentes allí presentes, previo aviso por el incidente inicial, que levantaran un atestado. Denunciaron que «se nos estaba denegando el acceso arbitrariamente y esto es una conculcación de nuestros derechos». De hecho, San Gabriel planteó que «ha entrado un grupo de personas delante nuestro sin ningún problema», por lo que, a su juicio, el Ejecutivo tenía «simplemente un derecho de admisión con criterio de ser docente o llevar un lazo verde».
Tras solicitar en varias ocasiones ver la orden de la que los funcionarios hablaban, y gracias a la intervención del cuerpo policial, los portavoces de los docentes consiguieron acceder. No había un documento por escrito y, para los sindicatos, «es otra demostración de que el Gobierno de Cantabria tiene un problema con las libertades fundamentales y el ejercicio de derechos democráticos». «Hemos tenido que amenazar con denunciar la prohibición para entrar», aseguraron. Con el documento registrado, finalmente, declararon que «ahora esperemos que lea el Registro -el consejero de Educación- y se digne a hacer una propuesta».
No es el primer incidente que tienen los docentes en la sede del Gobierno de Cantabria. En noviembre de 2024 ocho delegados sindicales de la Junta de Personal Docente se encerraron en el edificio del Ejecutivo en la calle Peña Herbosa de Santander para reclamar la negociación de la adecuación de su retribución salarial. Lo hicieron tras una reunión fallida con el consejero de Educación y pasaron diez días atrincherados en el edificio. El encierro concluyó el 28 de noviembre, tras una manifestación que consideraron multitudinaria, con 2.000 personas, frente a la Consejería y tras la entrega de 3.000 firmas apoyando la necesidad de negociación.
¿El motivo del encierro? Una reunión que consideraron insuficiente por la «falta de una contrapropuesta» de Educación. Es un contexto similar al que ha llevado al último altercado: con una última propuesta caduca de la Consejería de Educación (que finalizó el 31 de marzo) y con la Junta manteniendo su última cifra; 325 euros hasta 2027.
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