Los deberes del nuevo curso judicial

En este reportaje se recogen los que más repercusión mediática han tenido en nuestra región en los últimos años. Algunos se encuentran en la fase de investigación o instrucción, otros están a la espera de la celebración del juicio y el resto pendientes de la resolución de recursos de casación, ante el Tribunal Supremo, incluso de amparo ante el Constitucional.

El próximo 11 de septiembre tendrán que declarar los ocho acusados por las supuestas irregularidades en la adjudicación de obras en carreteras a cambio de mordidas. Los implicados son el exjefe de Carreteras, Miguel Ángel Diez; su mujer Beatriz del Río y su hija mayor Cecilia Diez; los hermanos Secundino Vidal y Elías Celis (Rucecan); José Saiz (La Encina y Cannor); y José Luis Blanco y Sara Martínez (Api Movilidad). Todos ellos deberán pronunciarse acerca de los hechos en los que se ha concretado la investigación y por los cargos que les imputan tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones.

Derivado del 'caso Obras Públicas', este procedimiento se encuentra a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos de apelación de los cinco investigados por supuestos delitos de cohecho y fraude en la contratación. Los implicados son los técnicos de la empresa pública Gesvicán Eduardo Suengas y Joaquín Diez; los responsables de Rucecan, Elías Celis y Secundino Vidal Celis; y el director general de Senor, Ricardo Fernández. Además, el instructor impulsa este procedimiento frente a las empresas Senor y Rucecan por supuesto delito de cohecho.

El titular del Juzgado de Instrucción Nº1 de Torrelavega, Pablo Fernández de la Vega, prorrogó recientemente, por espacio de seis meses, la instrucción de esta causa en la que se investigan presuntos delitos de fraude en la contratación, prevaricación y malversación de fondos públicos derivados de la gestión de contratos del Ayuntamiento. La Fiscalía está a la espera de conocer si la Guardia Civil ha hallado algún indicio de blanqueo de capitales que afecte a los investigados, entre ellos la alcaldesa Sara Izquierdo (PRC) y a su antecesor, Ángel Rodríguez (PSOE).

El asesinato de este vecino de Santander, que traficaba con droga, sigue siendo un misterio después de casi dos años. La jueza acordó en abril el sobreseimiento provisional del caso a la espera de que la Policía Nacional averigüe quién o quiénes son los autores del crimen, y de la conclusión y remisión, por parte del Instituto Nacional de Toxicología del resultado de los estudios genéticos de las muestras tomadas o pertenecientes al fallecido.

La Policía Local de Torrelavega aclaró hace un mes las dudas que había sobre el accidente de coche en la N-634 el 20 de abril de 2024 en el que perdió la vida Pablo Gorostiza (18 años), después de que la Audiencia Provincial ordenara reabrir el caso. Los agentes sostienen que el accidente fue motivado por un exceso de velocidad y el juez tiene que decidir si procesa al conductor.

Este caso, que data de 2020, se encuentra a la espera del señalamiento del juicio. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para el acusado que propinó el puñetazo que dio lugar a la caída del gaitero gijonés Javier Solares, por la comisión de un delito de homicidio imprudente. Para el otro acusado solicita una multa de 480 euros como autor de un delito leve de lesiones, y es que fue el impacto contra el suelo el que produjo la muerte de la víctima, y no la patada en la cabeza que presuntamente dio este investigado a Solares cuando ya había caído.

El ganadero del Asón Roberto Abascal está a la espera de un nuevo juicio después de que el pasado junio no conseguiera convencer, en un acto de conciliación, a la mujer que tiene al mastín 'Chulo', que lo acogió después de que una 'tiktoker' lo recogiera en una carretera de Soba.

La investigación del incendio del pasado 17 de enero en un edificio de la calle Juan de la Cosa de Santander en el que fallecieron tres vecinos sigue su curso después de hace unos días la Policía Nacional detuviera en Gexto al único investigado. El juez ha citado para el próximo mes de octubre a cuatro testigos.

Un policía local de Santander está procesado por un presunto delito contra la intimidad, por acceder a los datos de una víctima de violencia de género que había sido agredida supuestamente por su novio, el cabecilla de una banda de traficantes de droga con el que el agente tenía «una relación personal». El agente ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial frente al auto de procesamiento.

El hombre que fue denunciado el verano pasado por un caso de sumisión química en Santander está a la espera de que la Audiencia Provincial confirme el archivo del caso que decretó la jueza instructora para, a continuación, solicitar una pena de al menos cuatro años de cárcel y una indemnización de 250.000 euros por denuncia falsa y daños morales a la chica que lo denunció y al amigo que corroboró el relato de ella.

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de trece años de cárcel para B.R.G. por la presunta agresión, en mayo de 2022, a un celador y un médico residente en el centro de salud de Los Castros (Santander), que, entre otras secuelas, sufre una pérdida de visión en el ojo derecho del 50%. Además, reclama que abone al primero 15.300 euros y al segundo 124.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

La Audiencia Provincial de Cantabria confirmó el pasado junio la condena de tres técnicos de Anatomía Patológica del Hospital Sierrallana a cinco años y tres meses de cárcel, y a una cuarta, a tres años y medio, por media docena de delitos de coacciones hacia otros compañeros. Las condenadas tienen la posibilidad de presentar un recurso extraordinario ante el Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ratificó el pasado julio la pena de prisión permanente revisable impuesta a José Reñones por el doble crimen de Liaño, en diciembre de 2021, cuando en el domicilio familiar asesinó a su hija, de once meses de edad, y a su hasta entonces pareja y madre de la bebé, muerte por la que además fue condenado a 25 años más de cárcel. En estos momentos está a la espera de que el Supremo resuelve su recurso de casación.

Rubén G. A. y Ángel R. C, los dos jóvenes que mataron a Carlos Cubillas (21 años) en el apeadero de Boo de Piélagos en febrero de 2024, están a la espera de conocer la respuesta del TSJC a su recurso frente a la sentencia de la Audiencia Provincial por la que fueron condenados a once años de cárcel después de que un jurado les declarara culpables de un delito de homicidio doloso.

El magistrado Luis Acayro Sánchez está a la espera de que el Tribunal Supremo responda al incidente de nulidad presentado contra la sentencia del mismo Alto Tribunal que le condenó el pasado julio a diez años de inhabilitación, lo que supone la pérdida de la condición de juez, por prevaricación judicial dolosa por dictar resoluciones en perjuicio de un letrado cántabro que se querelló contra él junto al Colegio de la Abogacía.

Han pasado cinco años y medio desde que se destapó el caso y los afectados por la presunta estafa de Novo Banco aún siguen esperando a su resolución judicial. El caso sigue en fase de instrucción y la celebración del juicio se ve lejana.

El caso de las 25 vacas que aparecieron muertas en San Roque de Riomiera hace dos veranos todavía se encuentra en fase de instrucción. Tres varones de entre 22 y 29 años están investigados por estos hechos.

La Audiencia Provincial juzgará el 3 de diciembre al alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), por un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa, por el que la Fiscalía pide una pena de 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

El Juzgado de Instrucción Nº3 de Castro sigue practicando diligencias de investigación en el caso avalado por la Audiencia y que afecta al alcalde de Guriezo, Ángel Llano (PRC), por presunta prevaricación administrativa.

El hombre que recibió una brutal paliza en el parking de un supermercado de Laredo está a la espera de conocer qué pena pide la Fiscalía por un presunto delito de acoso sexual sobre la hija de uno de los tres agresores, que fueron condenados a cuatro años de cárcel y se encuentran en tercer grado.