Dimiten los máximos responsables del Servicio Cántabro de Salud

Francisco Javier González y Julián Pérez Gil, durante su comparecencia en la comisión de Sanidad el pasado miércoles./Javier Cotera
Francisco Javier González y Julián Pérez Gil, durante su comparecencia en la comisión de Sanidad el pasado miércoles. / Javier Cotera

El gerente Julián Pérez Gil y su número dos, Javier González, envían por escrito su renuncia a la consejera y aluden «razones personales y de salud»

Ana Rosa García
ANA ROSA GARCÍASantander

El terremoto político que sacude desde hace un mes a la Consejería de Sanidad, tras las denuncias de irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS), se acaba de cobrar a sus dos primeras víctimas: el director gerente Julián Pérez Gil y su número dos, el subdirector de Gestión Económica, Francisco Javier González. Los dos altos cargos, convertidos en las últimas semanas en diana de las críticas y centro de las sospechas, presentaron ayer por la tarde su dimisión formal a la consejera María Luisa Real (PSOE) y al presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla. Ambos apoyan en su escrito su decisión irrevocable en los «problemas personales» y de «salud» que les está generando la «presión» a la que se están viendo sometidos desde que se puso en tela de juicio su gestión. «Me encuentro mal, se ha precipitado todo por este motivo, prefiero irme de Cantabria sano, aunque sea con mal prestigio», afirmaba en declaraciones a este periódico el gerente.

Desde que estalló la polémica, a raíz de la denuncia de la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, la posibilidad de que este asunto viniera a dar puntilla a su etapa al frente del Servicio Cántabro de Salud se veía cada vez más probable. Su cese había sido exigido desde el primer momento por la oposición, especialmente por el PP, que ha sido el que ha engordado las graves insinuaciones de aquel correo mediante ejemplos concretos del «reguero de irregularidades» detectadas, fruto de su propia investigación. A la petición de «depurar responsabilidades» se sumó después el resto de formaciones, en vista de «la falta de explicaciones convincentes». Lo que muy pocos saben es que ésta no es la primera renuncia que presenta Pérez Gil. En realidad, lleva meses en tiempo de prórroga.

Según ha podido saber este periódico, el gestor navarro, que hace tres años aterrizó en la sanidad cántabra procedente de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), ya había comunicado a la consejera su marcha a principios de noviembre, argumentando que las razones eran «absolutamente personales». Hablaba de «cansancio personal» y «un tema administrativo de mi jubilación como funcionario del Gobierno de Navarra». Insistía en que «la situación de interinidad personal» en la que se encontraba «no está favoreciendo el funcionamiento del SCS en los tres últimos meses». Pero entonces, Real no admitió su dimisión, lo que le obligó a seguir al frente del organismo «ya sin fuerzas», según declaraba él mismo. Aunque no prosperó, el mero hecho de que trasladara a la consejera sus ganas de irse evidenciaba que desde hace seis meses ya estaba con un pie fuera de Cantabria. Aunque desde la Gerencia siempre han defendido su relación con el gabinete de la Consejería, lo cierto es que fuentes cercanas reconocen las tensiones existentes. Una división que se ha visto más clara en las últimas semanas, a raíz de destaparse las denuncias de irregularidades en la contratación. La consejera ha marcado las distancias, dejando en manos del gerente las respuestas al ataque político, una actitud que le ha valido las críticas encendidas de la oposición.

Las claves

Antecedente
El gerente ya presentó la dimisión en noviembre, pero la consejera de Sanidad no la admitió
Motivos
«Las razones son de índole personal y de salud, a lo que se añade la falta de reconocimiento a mi labor»
Demanda
El subdirector de Gestión aún tiene por delante un acto de conciliación, cara a cara con la funcionaria
Balance
González defiende su gestión e insiste en que «hemos hecho todo por el bien de los cántabros»
Despedida
Los dos altos cargos niegan que hayan recibido presiones para abandonar: «Ha sido decisión personal»

A Real se le ha reprochado que desde el 8 de febrero que recibió el correo de la funcionaria «no moviera un dedo» para esclarecer el contenido de aquellas denuncias, y que sólo se abriera un expediente informativo cuando el tema fue desvelado por este periódico. Pero incluso desde ese momento, la máxima responsable de la sanidad cántabra ha encarado la polémica de perfil. Por eso, el mismo día que salió a la luz el email de la funcionaria, Pérez Gil convocó una rueda de prensa «absolutamente improvisada» –como reconoció la consejera el viernes en la comisión parlamentaria–, la primera que se celebraba en la sede del SCS en toda la legislatura. Apenas diez días después tendría lugar una segunda entrega (más documentada y, esta vez, en compañía del subdirector de Gestión Económica, ausente en la primera por encontrarse hospitalizado) que culminaba con esta frase: «Si no se me aplaude la gestión que hemos hecho, me voy», declaraba Pérez Gil. Y su primera intención era esa: «Limpiar mi imagen y la de mi equipo» antes de irse. Sin embargo, ayer reconocía que «me está superando el tema, está afectando a mi salud». Se siente víctima de «una persecución continua, como se pudo ver la semana pasada en el Parlamento, que fue un ataque brutal». En su comparecencia defendió la gestión realizada en estos tres años, –«se ha hecho mucho por los cántabros y no se valora», insiste Pérez–, lo que el PP ya interpretó que sonaba a «discurso de despedida». Y no se equivocaba. Anoche, la Consejería de Sanidad enviaba un comunicado de prensa para informar de que había admitido los ceses, que serán aprobados por el Consejo de Gobierno en su reunión semanal del jueves. Una sesión en la que el Ejecutivo también analizará el informe encargado a la Inspección de Servicios Sanitarios sobre las presuntas irregularidades en el SCS, donde se han apreciado «algunos errores que no van más allá de ser incidencias contractuales», como avanzó la consejera ayer a su salida del Pleno del Parlamento.

«El SCS está mejor gracias a la gestión de mi equipo»

En su carta de dimisión, el gerente Julián Pérez Gil lamenta «la falta de reconocimiento» a la labor realizada en estos tres años de legislatura y defiende que «el Servicio Cántabro de Salud está hoy mucho mejor gracias a la gestión de todo mi equipo y el trabajo de los profesionales, tal y como expliqué en el Parlamento de Cantabria, y con la satisfacción de ver la sanidad cántabra como la mejor valorada por los ciudadanos de entre todas las comunidades autónomas, según el último barómetro sanitario».Asimismo, en sus palabras de despedida agradece «la confianza» depositada en él por la consejera de Sanidad, a la que pide disculpas «por tener que marcharme antes de que finalice la legislatura, pero como digo, me es imposible continuar», concluye.

Pero Pérez Gil y González ni siquiera han esperado a conocer el resultado de ese informe. «Eso ya da igual», señalaba el subdirector de Gestión Económica, que juzga «totalmente injusto» este desenlace, porque «todo lo que hemos hecho ha sido por el bien de los cántabros». Al igual que el gerente, declara que «lo estoy pasando mal a nivel personal». Él aún tiene por delante el inicio de demanda presentada contra la jefa de Contratación del SCS, que le acusó de «trato vejatorio» y de «injerencias» en su puesto de trabajo. Según adelantó la semana pasada en el transcurso de su comparecencia parlamentaria, el asunto está pendiente de «un acto de conciliación» en el juzgado, que supondrá un cara a cara con la funcionaria, de baja médica desde la misma semana en la que se publicó el escrito de queja que remitió al gerente del SCS, con copia a la consejera.

Cronología

La denuncia (25 de abril)
El Diario desvela un email de la jefa de contratación del SCS en el que denuncia supuestas irregularidades en las adjudicaciones. Asegura que su despacho «está ocupado» por asesores externos y que hay reuniones con empresas que «son la base» de los contratos.
Las reacciones (26 de abril)
La líder del PP en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, aporta «pruebas documentadas» que reafirman la denuncia de la jefa de contratación. Revilla ordena abrir una investigación interna y Pérez Gil comparece ante los medios para negar las acusaciones.
La investigación (27 de abril)
Sanidad acata la orden de Revilla y abre una investigación de los contratos bajo sospecha. El presidente, que avanza que «en 15 días» habrá un informe, recibe el dosier del PP que «sustenta las irregularidades». Un inspector de Sanidad será el encargado de redactarlo.
Las consecuencias
«Si hubiese alguna ilegalidad, el responsable tendría que asumir responsabilidades», afirma Real. La cúpula del SCS niega en elParlamento, el día 23 de mayo, la existencia de irregularidades. Cinco días después, Julián Pérez Gil y Francisco Javier González dimiten.

«Nunca imaginé que pudiera ocurrir esto. Espero no tener ninguna repercusión jurídica por este asunto», señaló González, sabedor de que es el cargo sobre el que pesan las responsabilidades de las decisiones que se han cuestionado y que se están investigando. Además del expediente informativo encargado por la Consejería de Sanidad, cabe recordar que, primero Izquierda Unida y después el PP llevaron la denuncia de presuntas ilegalidades a la Fiscalía al ver «indicios de delito». Y no solo eso, sino que el Parlamento aprobó una proposición no de ley –a petición de los populares también– para que la Intervención General de la comunidad audite todos los contratos suscritos por el SCS tanto en el año 2016 como en 2017.

Tanto el gerente como su número dos aseguran que no se han visto «forzados» a tomar la decisión de marcharse por presiones del Gobierno o del partido, sino que ha sido por iniciativa propia. No obstante, aunque la consejera de Sanidad defendió la gestión realizada por el SCS esta legislatura, al asegurar que «la inmensa mayoría» de la contratación realizada es «buena y correcta», dejaba entrever que podía haber un porcentaje que no lo fuera. En cualquier caso, los dos altos cargos del SCS no han aguantado más la presión. «Para mí está siendo durísimo», reconoce el gerente. «He salido más en la prensa que nunca, algo que a mí que no me gusta. Me siento fatal. Solo quiero incorporarme a mi plaza y jubilarme», añadía, con pocas ganas de seguir hablando. En el escrito, remitido ayer al presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, en el que expresa su deseo de hacer efectiva su dimisión, Pérez Gil señala que «hoy se acentúan las causas por las que solicité darme de baja en el cargo el pasado noviembre, como son razones de índole personal, familiar, de salud y de conveniencia de recambio». Motivos a los que añade «la falta de reconocimiento a mi labor, la falta de apoyo en estos momentos difíciles y la pérdida de autoridad para poder llevar a cabo las funciones en el cargo y los proyectos en marcha».

El email que puso los contratos bajo sospecha

«Se recepcionan obras y suministros sin estar listos para su entrega y se les tramita la facturación». «Intervienen en las evaluaciones de las ofertas asesores externos». «Nos obliga a tramitar expedientes que se costean contra el presupuesto de otros órganos periféricos». Son algunas de las denuncias que escribió el 8 de febrero la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, en el email que envío al gerente y a la propia consejera, pero que no se conoció hasta el 25 de abril, cuando fue publicado por este periódico. Aquel día se desató una tormenta política en la que ha jugado un papel protagonista el PP, que ya para entonces atesoraba un dossier «con hechos contrastados y objetivos de las irregularidades detectadas en contratos del SCS». Se refirió a la recepción anticipada de equipos financiados por la Fundación Amancio Ortega y de las obras del centro de El Alisal, «sin haberse terminado»; a la «sospechosa adjudicación de obras menores a tres empresas vinculadas al hijo de un alcalde socialista» o a la compra de 22 ecógrafos, por valor de casi 300.000 euros, en otros tantos contratos, entre otros ejemplos.