Los empresarios del 'caso Obras Públicas' pactan dos años y un mes y medio, pero no irán a prisión

El nuevo acuerdo, que será ratificado el próximo 31 de octubre en la Audiencia Provincial, mantiene la condición de que solo el funcionario ingresará en prisión –está decidiendo a cuál va–, ya que a su esposa y a los cuatro constructores se les suspenderá la pena de cárcel en ejecución de sentencia, en el caso de los empresarios vía artículo 84 del Código Penal (para condenas superiores a los dos años).

Tal y como avanzó El Diario Montañés el pasado 9 de octubre, este cambio en el acuerdo inicial responde a una petición realizada por la presidenta del tribunal del jurado, la magistrada de la Sección Tercera Almudena Congil, encargada de juzgar este caso, que tenía una discrepancia jurídica con la Fiscalía sobre el criterio para calcular las penas. La magistrada entiende que el fiscal del caso, Jesús Alaña, había fijado el castigo por debajo de lo que debería.

El representante del Ministerio Público consideraba que el funcionario es autor de los delitos de fraude en la contratación y cohecho (también de blanqueo de capitales y falsedad documental), mientras que la participación de los cuatro empresarios era como cooperadores necesarios. Partiendo de esta base, Alaña entendía que el funcionario tenía que tener una pena superior al resto (no solo por ser autor de cuatro delitos), y así lo plasmó en el acuerdo que suscribieron las partes hace un mes.

Por el delito de fraude en la contratación, el fiscal estableció para el funcionario una pena de dos años de cárcel. En cambio, para los constructores la redujo a un año. En el caso del delito de cohecho, la pena para el exjefe de Carreteras era de dos años de cárcel y 6.000 euros de multa, y para los empresarios, de un año y 1.800 euros de multa. Es decir, al funcionario le pedía el doble de pena (cuatro años) por los mismos delitos que a los empresarios (dos años).

Sin embargo, la magistrada, consideraba que a los cuatro empresarios también había que considerarlos autores de los delitos de cohecho y fraude en la contratación. Y así lo ha recogido el fiscal en su nuevo acuerdo, en el que añade al delito de cohecho el artículo 424 del Código Penal, que establece que «a quien ofrezca o entregue una dádiva o retribución a una autoridad o funcionario público para que este cometa un acto en el ejercicio de su función, se le impondrán las mismas penas de prisión y multa que al funcionario».

Según se recoge en el nuevo acuerdo, ya firmado por los acusados y remitido a la Audiencia Provincial, la pena del funcionario se mantiene en un total de 7 años, después de subir tres meses el castigo por el delito de cohecho (se queda en 2 años y 3 meses) y bajar otros tres meses el de blanqueo de capitales en concurso medial con falsedad en documento mercantil (2 años y 9 meses). Por el delito de fraude se mantienen los dos años de cárcel. El fiscal tampoco modifica la multa de 963.227 euros y la inhabilitación especial para empleo o cargo público de 9 años y 3 meses acordada con Diez.

Este nuevo pacto no afecta a la esposa del funcionario, Beatriz del Río, que ha aceptado un año de cárcel y una multa de 478.513 euros por un delito de blanqueo de capitales en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil.

En cambio, los empresarios Elías Celis y Vidal Celis (Rucecan), Jose Luis Blanco Mazagatos (Api Movilidad) y José Saiz Gómez (La Encina y Cannor han visto como su pena pasa a los dos años y un mes y medio de cárcel. Por el delito de fraude el fiscal mantiene el año de cárcel que pedía inicialmente, y sube el de cohecho a un año, un mes y quince días de prisión. Sin embargo, la inhabilitación especial para obtener subvenciones y ayudas públicas se les rebaja de los cuatro años (por los dos delitos) a los tres años y ocho meses.

Lo que no se modifica es la responsabilidad civil, fijada en 1.623.257 euros, y que deberán abonar al Gobierno regional el funcionario y los empresarios.