Los forenses piden mejoras en su sede y unificar la recogida de datos sobre violencia machista

La respuesta que rodea a una muerte violenta, pero también a los casos de agresión sexual o los certificados de invalidez está en esos despachos donde 25 profesionales sostienen el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cantabria, una entidad que funciona desde 2004 y que desde 2008 depende del Gobierno de Cantabria. «Los médicos forenses siempre intervenimos en casos de muerte violenta, accidente de tráfico, homicidios, suicidios, intoxicaciones y, en algunos casos, fallecidos en los que el sistema sanitario no firma el certificado de defunción», dice su directora, Pilar Guillén. Sin embargo, su tarea no se limita a lo que sucede en las salas de autopsias, donde, además de certificar las causas de la muerte de la víctima, obtienen «información útil» para esclarecer un posible crimen.

A veces no hay que hablar de muerte sino de heridas, de agresiones o perfiles. Y ahí también entran ellos. Es la otra rama de una labor de investigación, esta vez «sobre sujetos vivos». Una de sus funciones más importantes es la de «valorar desde el punto de vista psíquico y psiquiátrico a todas las personas imputadas en un delito grave», explica Elena Altuzarra, jefa del Servicio Clínico, con la finalidad de que un jurado o un juez establezcan o no una condena dependiendo de sus funciones.

«En ese aspecto el trabajo está aumentando cada vez más», señala, y cita el caso del homicida de Laredo como ejemplo para ponderar el alcance de sus funciones: «Patología hizo sus informes sobre los fallecidos y en el Servicio de Clínica, sobre sus capacidades mentales para valorar si estaba en condiciones de poder ser imputado por ese delito».

Según la memoria de 2017, el Servicio de Clínica realizó 4.184 informes, de los cuales 2.446 fueron de lesionados, 475 internamientos, 509 incapacidades y 221 actuaciones en casos de violencia machista o doméstica. Así funciona: investigan, escuchan y cotejan sus datos con historiales médicos. Por último el informe, que llega al órgano jurisdiccional correspondiente. Sin embargo, la delicada tarea que sucede de puertas para dentro en ese instituto identificado con apenas un cartel reclama otra forma de atención.

Antes de su creación en 2004 los médicos forenses estaban adscritos a los diferentes juzgados. Desde entonces, explica Guillén, «el funcionamiento de los forenses ha mejorado, pero los retos por delante van en relación a conseguir una mejora de instalaciones para ofrecer la medicina legal que exigen los criterios científicos de hoy en día». Y señala la necesidad de mejorar la sala de autopsias, mejoras en cuanto a la distribución de las guardias (semanales en equipos de dos personas en cuatro zonas de la región) y también de retribución, pero su reclamación se dirige sobre todo a la sede del IML: «Ocupamos unas instalaciones de la Administración de Justicia y no todos los médicos forenses tienen despacho donde atender la consulta, ni todos los despachos disponibles reúnen las condiciones mínimas para consulta y exploración», señala la forense.

Otra de las reclamaciones se dirige a la equiparación del IML de Cantabria con el resto de institutos del país, «que no tienen las competencias transferidas», para poder utilizar el mismo programa informático con el que contabilizar las víctimas de violencia de género. La ley de 2004 obligó a que se crearan unidades de valoración forense integral en todos los IML y se hicieran protocolos de valoración médico forense de violencia de género consensuados por todos los institutos. Sin embargo, hay algo en esa equiparación que los aleja: «Se hace especial hincapié para la valoración de la violencia de género en la recogida de datos estadísticos como factores prioritarios para conocer el alcance de la violencia de género, pero ahora mismo no contamos con una aplicación actualizada capaz de recoger todos estos datos», subraya Guillén. «Si no conoces el verdadero alcance del problema, difícilmente se pueden aplicar medidas de prevención, u otras medidas, no tenemos consensuado esa recogida de datos, salvo los que tienen la aplicación Orfila», dice en alusión al programa informático que utilizan los otros institutos.

En casos de violencia contra la mujer, «el forense informa al juez para que adopte la decisión pertinente», explica Clara Ortega, jefa de sección de Clínica. ¿Cómo lo hacen? A las instalaciones de Las Salesas llega una mujer con lesiones, «y es el forense de guardia quien la reconoce, ve esas lesiones, tiene el historial y su parte médico y hace un informe, y no sólo pone las lesiones que ve sino si son compatibles con los hechos, cuántos días van a tardar en curar, si cree que necesita una valoración más en profundidad, que se encargaría al equipo de valoración integral», apunta Ortega. «Cualquier forense tiene sensibilidad especial con violencia de género. Se sienten apoyadas y te pueden preguntar qué decisiones hay que tomar, así como el abogado de oficio», añade Elena Altuzarra.

El instituto se organiza en tres servicios (Patología forense, Clínica forense y Laboratorio forense), una unidad de ordenación y archivo, y otro de valoración integral de víctimas de violencia de género. El servicio de Patología se encarga de las investigaciones médico-legales en los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, así como la identificación de cadáveres y restos humanos. El de Clínica tiene como misión los peritajes médico legales respecto a las personas vivas; corresponde a este servicio el examen de los lesionados, su control periódico, así como la valoración de los daños corporales que sean objeto de actuaciones procesales, los informes psiquiátricos y las investigaciones en los supuestos de delitos contra la libertad sexual.

La relevancia de su papel, por tanto, supera muchas veces lo llamativo de la palabra autopsia y toda la leyenda que lo rodea. Según Clara Ortega, jefa de sección de Clínica, la narrativa audiovisual «ha contribuido a normalizar la figura del médico forense, a dotarle de modernidad frente a la imagen vetusta de un hombre viejo, con el bocadillo en la mano». Si les preguntas, admiten no haber llorado nunca en una sala de autopsias, pero sí con la familia, quienes «están esperando fuera a que les digas qué sucedió, que les digas que no sufrió una vez ocurrido en hechos dramáticos», matiza Guillén: «Tenemos herramientas para intentar aliviar el dolor en la medida de lo posible».

Por esa razón subraya la necesidad de que su trabajo «lo debe conocer el ciudadano, porque al final resolvemos la identificación de los fallecidos. La mayoría de los casos de víctimas múltiples ocurren en circunstancias dramáticas, accidentes de avión, derrumbamiento, y nosotros, la medicina forense, conseguimos identificar a los cuerpos y entregárselo a las familias lo antes posible», dice. De ahí la importancia de los simulacros en los que entrenan con las instituciones sanitarias y policiales, como el realizado hace un mes en el aeropuerto Seve Ballesteros, en el que simularon un accidente de avión: «Todos entrenamos estos aspectos para prever que en un suceso de estas características sepamos resolver la contingencia. Ahí siempre van a estar los médicos forenses porque casi todo van a ser víctimas».