Gesvicán, «un brazo» del Gobierno de Cantabria para «descargarle» de trabajo

Aunque esta nueva causa no tiene el calado del 'caso Obras Públicas', sí tiene ciertas similitudes puesto que gira en torno a trabajadores de la Administración pública, en concreto, personal laboral que habría amañado concursos para beneficiar a ciertas empresas. Y todo ello en materia relacionada con las carreteras de Cantabria.

A la espera de que se concrete con precisión cuántas personas tienen responsabilidades en esta causa, si es que la tienen, es importante conocer el funcionamiento de la empresa pública en la que se han cometido esos supuestos delitos y donde trabajan 22 personas que son personal laboral (no funcionarios). Hay diferentes perfiles: ingenieros de caminos, arquitectos, aparejadores y administrativos. El organigrama de Gesvicán está encabezado por el consejo de administración, después hay una gerencia y finalmente cuatro departamentos: técnico, de infraestructuras, jurídico-comercial y de administración.

La empresa se creó en 1993 con la intención de impulsar y promover la construcción de viviendas de protección oficial (VPO)ante la gran demanda existente, actividad en la que está centrada junto al desarrollo de las infraestructuras de interés público que, mediante mandato o convenios de colaboración, le encomienda el Gobierno de Cantabria.

Entre sus funciones está, además, la celebración de convenios con otras entidades pertenecientes al sector público para el ejercicio de las competencias que les corresponden en materia de infraestructuras y equipamientos, los encauzamientos y defensas de márgenes de ríos, la arquitectura, la vivienda, ordenación del territorio, el urbanismo, la evaluación ambiental y emergencia habitacional; y el asesoramiento, la asistencia y la redacción de estudios o proyectos, trabajo este que «agiliza» la tramitación.

«Gesvicán es como un brazo de la Administración regional a la que descarga de trabajo. Lo que hacen los jefes de servicio o directores son encargos generales o parciales, como, por ejemplo, la redacción de un proyecto para un carril bici», explica un extrabajador de esta empresa.

A raíz del 'caso Obras Públicas', esos encargos directos de los jefes de servicio empezaron a tener un filtro. Y es que el anterior Ejecutivo regional (el bipartito PRC-PSOE) cambió el procedimiento para incrementar los controles y pasó a ser obligatorio el informe de la Secretaría General para cualquier encargo.

Si se consulta la plataforma de contratación del Estado, se pueden conocer todos los contratos que ha suscrito Gesvicán en los últimos años, tanto los menores (que no superan los 15.000 euros de presupuesto) como los mayores, que obligan a convocar un concurso público. «En los menores se suelen pedir tres ofertas o incluso alguna más», apunta este mismo exempleado.

Hace cuatro años, esta empresa pública modificó su objeto y estatutos sociales para poder gestionar el fondo de derribos de la comunidad autónoma, otra de las «importantes funciones» que tiene en la actualidad.