El Gobierno reitera que «hemos hecho todo lo que se podía» tras la condena por acoso en Sierrallana

Misma pregunta e idéntica respuesta: «No hay herramientas en nuestro ordenamiento jurídico» para actuar contra las cuatro trabajadoras del laboratorio de Anatomía Patológica condenadas a penas de prisión por coacciones a sus compañeros durante años en el Hospital Sierrallana. En esta ocasión era la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, la que insistía en que «hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, con suma sensibilidad, con suma responsabilidad». Según la jefa del Ejecutivo, la Consejería de Salud ha utilizado «todos los resortes y todos los mecanismos jurídicos legales que hay a nuestro alcance». Y, «si no se ha actuado más y no se ha ido más lejos», es porque no han encontrado la fórmula legal para hacerlo, toda vez que «no se abrió un expediente disciplinario» cuando se denunciaron los hechos ante la Fiscalía, en 2019 (en ese caso se hubiera paralizado durante el proceso judicial, retomándose después de la sentencia firme), y ahora «han prescrito», que es la explicación dada por el titular de Salud, César Pascual, quien también ha criticado que en su momento tampoco se pidió la inhabilitación para las acusadas. Se da la circunstancia de que las cuatro condenadas no tendrán sanción administrativa alguna ni corren el riesgo de perder su plaza en la sanidad pública (ya son todas fijas) aunque ingresen en la cárcel por el hostigamiento a sus compañeros, con varios de los cuales trabajan ahora tres de ellas en Valdecilla.