Desmontan la 'rave' de Roiz

Agentes de la Benemérita mantienen el dispositivo de cierre de los accesos hasta que se produzca el desalojo de la cantera de Lamadrid, que es una propiedad privada. La empresa que la explota, Copsesa, ha interpuesto una demanda por la ocupación irregular del espacio tras visitar la zona y, estos días atrás, el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, lamentó que no se pudiera hacer nada más que controlar el entorno para evitar que la concentración pasara a mayores: «Me encantaría coger y cortar por lo sano, pero hay una sociedad que ya no lo permite».

El regidor, que admite que las primeras noticias que recibió «fueron el sábado a las seis de la mañana que me llamó un gruista para avisarme de que había un coche caído», también aseguró que la música con la que se ha amenizado la fiesta se podía oír, sobre todo por las noches, desde varios pueblos de alrededor.

«El ruido es espantoso y aterrador y la música alcanzaba Comillas», unos 20 kilómetros del lugar. Es la primera vez que se celebra una concentración de este estilo en Cantabria y González ha mostrado su preocupación porque la 'rave' «se convierta en un foco» y en el futuro se repitan allí este tipo de fiestas al ser una «buena ubicación». Además, aunque agradece que el «gran dispositivo» de la Guardia Civil haya logrado frenar el evento antes de que alcanzase su máxima afluencia, destaca «el coste que supone para las arcas del Estado tener ahí a tanta gente custodiando toda esta situación».

El evento fue convocado por redes sociales y obtuvo la respuesta de un buen número de aficionados a estas concentraciones. Cuando se detectó la ocupación de la citada cantera, la Guardia Civil puso en marcha un operativo a las 07.00 horas del sábado para impedir que se sumaran más personas. Se estima que, gracias a este dispositivo de control, el número de vehículos que pudo acceder a la cantera sería de en torno a 120. Aunque desde el Ayuntamiento aseguran que también había jóvenes que entraban y salían del recinto, a pie y por el monte, y que acudían hasta sus caravanas, aparcadas en pueblos como Las Cuevas o Vallines.

Eso sí, a todos los conductores que han ido saliendo se les ha identificado, se les han hecho controles y a quienes han dado positivo, se les han impuesto las multas correspondientes. El resultado del despliegue de la Guardia Civil ha sido efectivo. Más de una decena de positivos por sustancias estupefacientes, algunos menos por alcohol o por no tener la documentación en regla y varios vehículos inmovilizados. Además, se les recogieron los datos a todos ellos porque la ley prevé la posibilidad de interponer sanciones que van desde los 150 euros hasta los 30.000 para los participantes. Y en el caso de los organizadores, que las fuerzas de seguridad trabajan para identificar, las sanciones pueden alcanzar los 600.000 euros.

En el operativo participan unos 40 agentes, algunos procedentes del País Vasco, y también se ha movilizado a un grupo de antidisturbios. No para intervenir y disolver por la fuerza la 'rave', que no es algo que se haga habitualmente, sino como medida preventiva por si la situación se descontrola en el interior de la fiesta. De hecho, «esto no se puede permitir porque es ilegal y porque genera una gran sensación de nerviosismo entre los vecinos, pero realmente la cosa está tranquila. No son personas violentas», puntualizaba uno de los agentes del despliegue el pasado domingo.

Pilar Villasante, teniente coronel de la Comandancia en Cantabria y responsable del despliegue, señaló días atrás que, en estos casos, la Guardia Civil es responsable también de que no ocurran incidentes dentro del recinto elegido. «Este tipo de fiestas 'rave' están prohibidas y no tienen ningún tipo de autorización. La mayoría de los asistentes son nacionales aunque también hay personas de otros países».