Las incógnitas de la nueva financiación

Se han unido varios factores. En primer lugar, el actual sistema de reparto de los fondos a las comunidades autónomas se encuentra caducado desde 2014. Desde hace once años, la distribución del dinero se hace con unos criterios que ya tenían que haber sido revisados. ¿Por qué no se hizo antes? Los sucesivos gobiernos centrales no han querido abrir el melón porque sabían de las dificultades de poner de acuerdo a todos los territorios y también porque en este tiempo se han producido distintas crisis económicas que han reducido la recaudación e impedían negociar garantizando a todas las partes que recibirían más recursos que con el sistema previo.

De hecho, esa fue la excusa del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para no mover ficha cuando tocaba. La situación actual es totalmente distinta. Con la recaudación disparada, es previsible que la ministra María Jesús Montero pueda presentar un nuevo modelo en el que todas las comunidades ingresen más, aunque pierdan posiciones relativas. A ello se suma el momento político y que el presidente Pedro Sánchez, si quiere cumplir lo firmado en los pactos que favorecieron su investidura con distintos partidos -especialmente los independentistas-, tiene que dar pasos en esta dirección.

El contexto está más o menos claro y también hacia dónde presionan los socios independentistas de Sánchez. Lo que no está claro es en qué consistirá el modelo porque el acuerdo entre Moncloa y la Generalitat, aunque marca el camino, deja más dudas que certezas. A falta de concreción, parece que trae un cambio total de paradigma. Ahora, es la Administración central la que recauda el grueso de los impuestos. Cuando tiene todo el dinero, se queda una parte para sufragar los gastos del funcionamiento de los ministerios y envía otra a las comunidades autónomas. Lo hace en función de la población y de lo que se ha recaudado en cada una de ellas, pero para reducir las diferencias entre territorios y favorecer a las más pequeñas y menos pujantes, también introduce una serie de criterios correctivos como la dispersión de la población, el envejecimiento o la orografía, elementos que, en teoría, hacen más caro la prestación de los servicios por persona.

Con el nuevo sistema, el 100% de la recaudación dependería de la autonomía -para Cataluña, y para el resto que quiera-, que se quedaría con una parte importante, pero enviaría a Madrid otro montante, que a su vez se divide en dos partes: el dinero para sufragar el gasto de la Administración central y el dinero para reducir los desequilibrios económicos entre territorios. La Moncloa y la Generalitat insisten en que, por esto último, se mantiene el principio de solidaridad entre territorios, pero con un matiz. La cuantía para compensar los desequilibrios será menor, ya que entra en juego otro criterio, el de la ordinalidad. Implica que si un territorio es el que más contribuye por habitante, también tiene que ser el que más reciba por habitante. Debe mantener el orden en el ránking contribución-ingreso.

Cantabria es hoy la región que más ingresos recibe por habitante. Con el principio de ordinalidad, eso desaparecerá. Otra cosa es que pierda anualmente los 400 millones de los que hablaba el Gobierno de Buruaga. La UC, que apoya esa estimación, reconoce que es el marco teórico si se aplicase al 100% el modelo planteado, pero que podría corregirse con la creación de fondos extraordinarios. De hecho, ahora, es el Fondo de Cooperación el que da a Cantabria la posición que otros territorios envidian.

Perder 400 millones, en la práctica, resulta impensable porque es el 12% del Presupuesto anual y sería casi tanto como echar el cierre a la autonomía.

Hay otras proyecciones que son más optimistas. Quien defiende un modelo como el que se propone destaca las bondades de que cada territorio tenga libertad para afinar más su propia política fiscal en función de las necesidades y el territorio. En el caso de Cantabria, si se cediera también el Impuestos de Sociedades -hoy estatal-, la región tendría una importante inyección gracias a los pagos de Banco Santander, con sede fiscal en la ciudad. Es más, alguna proyección dice que Cantabria recaudaría el doble de lo que hoy recibe del Estado, aunque una parte por determinar tendría que enviarla a Madrid para esos gastos generales y solidaridad.

Para empezar, no se sabe si este nuevo intento de renovar el sistema de financiación llegará a aprobarse. Y para seguir, todo lo demás. Las ideas son todavía difusas. Hasta el punto que en el Colegio de Economistas de Cantabria no se atreven a hacer una proyección sobre las consecuencias para la comunidad autónoma hasta que no tengan papeles que estudiar. «No sabemos cuál va a ser el modelo, pero sí que casi todas las autonomías saldrán peor. Sabemos la música, pero no la letra», cuenta Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos de España en la materia. Por ejemplo, no se sabe cómo se hará el cálculo una vez que aparezcan las entregas a cuenta si una autonomía no quiere recaudar el 100% de los tributos ni el tiempo que será necesario para transferir la competencia del Estado a las autonomías. Tampoco cómo se articulará la solidaridad ni los criterios del reparto. O cómo pasaría el personal y los medios de la Agencia Tributaria a las agencias autónomicas. Todo el meollo es una incógnita.

Cuando todo se concrete, la propuesta debe pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que están todas las autonomías. Aunque se opusieran, podría salir adelante porque el Gobierno central tiene mayoría. Pero iría al Congreso de los Diputados, donde el PSOE no tiene asegurados los votos. Además de la ley orgánica de financiación, un cambio tan complejo también obligaría a cambiar otras leyes impositivas.

Las contradicciones en el PSOE son evidentes. El Gobierno está dispuesto a hacer algo que por activa y por pasiva dijo que no haría nunca -ceder el 100% de la recaudación-, se pone en tela de juicio el principio de ayudar más al territorio que menos tiene y hay barones en contra. El PP también tiene contradicciones. Por ejemplo, habla de «corrupción política» por la negociación bilateral cuando eso mismo fue lo que hizo José María Aznar con Jordi Puyol en 1996, precisamente, para ceder una parte del IRPF. Además, Feijóo tenía muy claro cuando era presidente de Galicia que debía mantenerse un sistema similar al actual basado no en la población, sino el coste real de los servicios. Ahora, ha relajado esa idea para contentar a regiones grandes como Andalucía o Valencia. Critica duramente la propuesta de Sánchez, pero no ha presentado una 'opción b'.

El PP ataca duramente la propuesta de Sánchez y el PSOE, al contrario que otras federaciones regionales, afirma que la región puede salir bien parada. En cualquier caso, tienen una idea similar: Cantabria debe quedarse al menos como está y el dinero no debe repartirse por la población del territorio, sino por lo que cuesta prestar un servicio en cada lugar. Es decir, que se mantengan criterios como la dispersión, la orografía o el envejecimiento. El PRC también está en esa teoría y por ello ha atacado duramente a Sánchez. Sí defiende algo de lo que ha hablado el presidente del Gobierno, que haya una armonización fiscal para que los impuestos sean iguales en toda España. De esa forma, las regiones ricas no podrían bajar impuestos -las pobres tienen menos margen al tener menos recaudación- y dejarían de competir con ventaja a la hora de captar inversiones.