Un informe del Gobierno ya desaprobaba en 2016 reubicar Vuelta Ostrera en Cortiguera

Construida sobre una zona de dominio público, Vuelta Ostrera debe demolerse por orden judicial. El informe del Ministerio dibuja en el mapa seis posibles localizaciones para construir la depuradora, pero siempre ha dado la mayor puntuación a la denominada 'Vuelta Ostrera 2', situada en esa ladera anexa a la actual estación. Es decir, se demolerá una planta que costó 24 millones de euros -financiados en un 85% por el Estado y en un 15% por el Ejecutivo regional- para volver a construirla prácticamente al lado por otros 110 millones de euros.

Sin embargo, el informe elaborado por los técnicos autonómicos hace siete años y firmado por el entonces director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, ya desaprobaba esta ubicación con argumentos que van desde los ambientales hasta los de seguridad.

En primer lugar, destacan que la instalación se establecerá en una ladera con una inclinación del terreno «de moderada a fuerte», con un desnivel que llega hasta el 40%. «Existe un potencial riesgo natural de movimientos por la pendiente y la fuerte exposición a los agentes erosivos, mostrando un ámbito poco adecuado para este uso», advierten.

Pero este no es el principal problema detectado por los técnicos. Existen otros medioambientales que podrían hacer tropezar dos veces en la misma piedra al Ministerio, que ya construyó Vuelta Ostrera en zona de dominio público marítimo-terrestre y, por eso, el juez ordenó su demolición.

El Gobierno cántabro revela que este proyecto «supone un impacto sobre el espíritu del Plan de Ordenación del Litoral (POL)», debido a que la zona elegida por el Estado se encuentra dentro de su ámbito y cuenta con unas «características especiales». Los expertos matizan que la actuación podría llegar a autorizarse por Urbanismo en última instancia, pero construir la estación en ese lugar «no sería lo más apropiado para los caracteres ambientales que se quieren conservar».

Además, parte de la instalación quedará dentro del límite de la servidumbre de protección, en un terreno rústico con una ladera costera cercana a la ría, lo que «condiciona los usos y actividades» que se pueden ejercer. De hecho, para levantar una nueva estación a 300 metros de la actual haría falta urbanizar el terreno. «Se produciría, por tanto, un impacto mucho menor si fuera sobre suelo ya transformado o degradado», explica el informe cántabro.

También existen objeciones paisajísticas. El emplazamiento de la instalación se sitúa sobre «una escena con una alta visibilidad». «El impacto paisajístico y visual sería muy alto porque la pendiente obligaría a abrir un gran hueco en forma de prisma sobre la ladera», se destaca en el documento, que aconseja al Ministerio que dé «más peso» a los aspectos ambientales y territoriales que a los técnicos y económicos.

«Si una opción algo más costosa permite que puedan preservarse las condiciones ecológicas de otras partes más valiosas para el territorio, entonces deberá decantarse por la que menos repercuta sobre el sistema ambiental», opinan los técnicos, que achacan al informe del Estado cierta inclinación por situar a la depuradora en esta ladera frente a los otros cinco escenarios estudiados, todos ellos situados en el recorrido de la ría de San Martín. «La mayor puntuación en costes económicos y de viabilidad técnica resulta siempre favorable a esta ubicación, sin tener en cuenta que una mayor afección al medio debería ser una desventaja», enfatiza el documento.

El Gobierno cántabro actual, aunque también sigue formado por PRC y PSOE, se muestra menos tajante con sus preferencias sobre la nueva ubicación. «La mejor localización de la depuradora es donde se encuentra ahora mismo», se limitan a señalar desde Peña Herbosa, y recuerdan que la responsabilidad de elegir el nuevo sitio corresponde al Ministerio.

La confirmación del emplazamiento de la nueva Vuelta Ostrera no ha sentado bien en Suances, lógicamente, donde su alcalde, Andrés Ruiz Moya, se muestra «en completo desacuerdo» con la decisión adoptada por el Ministerio. «Es una enorme injusticia y lucharemos hasta el final, llegaremos hasta los tribunales porque en lugar de atender razones técnicas parece que se han guiado por políticas», denunció.

En Polanco, la regidora, Rosa Díaz, ya se encuentra estudiando la documentación para estudiar posibles alegaciones: «Que la construyan donde los informes técnicos digan que es el lugar idóneo. Y ha quedado claro que no es en la Isla de Monti», una de las opciones barajadas y que se encuentra a escasos 100 metros del núcleo más poblado del municipio. En Miengo, por su parte, el alcalde, José Manuel Cabrero, reconoció sentirse «aliviado» por haber esquivado la instalación. «Mejor que no pongan la depuradora en nuestro municipio», remarcó.