Los jueces rechazan la petición de los colectivos animalistas de detener el sacrificio de lobos

Ascel había reclamado que se suspendiera la caza de lobos para evitar «pérdidas irreparables» y aludía, incluso, a una «masacre» de animales por parte de la Administración cántabra, que ya la ha iniciado en las comarcas de Campoo-Los Valles y Polaciones sin dar cifras concretas del número de ejemplares abatidos por el momento.

La Sala de lo Contencioso Administrativo argumenta para rechazar la petición de los ecologistas que los informes que ha aportado la Consejería de Desarrollo Rural denotan «proporcionalidad» en el número de extracciones que se van a consumar, al tiempo que recuerda que el lobo «ha dejado de ser un especie cobijada en el régimen especial de protección». Bajo este paraguas, su caza estuvo prohibida por la Unión Europea en los últimos cuatro años, lo que ocasionó innumerables movilizaciones del sector ganadero en ese tiempo. En la actualidad, recuerda la Sala, amparar las poblaciones de cánidos no es «un valor preponderante», sino que hay que situarlo «en posición de equivalencia con la protección de la ganadería» y, según la norma vigente, el régimen de protección del lobo al norte del río Duero (no así al sur) «se condensa en la posibilidad de darle muerte mirando porque ello no altere la conservación favorable de la especie».

Y al tribunal, esta conservación le parece garantizada. Porque, tras hacer un repaso de los informes del Gobierno de Cantabria, resalta «el respeto a la conservación del lobo que late en la resolución impugnada». Los datos oficiales, «no refutados por prueba alguna aportada por la demandante, denotan la justificación y proporcionalidad de la resolución impugnada».

Los ponentes del auto explicitan que se puede concluir que la conservación del lobo en la región «es favorable» en función de los datos oficiales facilitados. A lo que hay que añadir que la resolución gubernamental que recurría Ascel «es la primera autorización de extracciones en Cantabria desde agosto de 2021, por lo que su ejecución no afectará» de forma importante a la población de cánidos en la región. La ley pide el mantenimiento de la supervencia de la especie a largo plazo, «no el mejor estado posible, ni la abundancia ni su crecimiento continuo».

Las cifras en que se apoya el TSJC estiman que en el año 2024 había veintitrés manadas de lobos en Cantabria (algunas compartidas con otras autonomías limítrofes) y en dieciocho de ellas se habría confirmado la reproducción.

Para la Sala, los planteamientos del Gobierno regional «son razonables al corresponderse con los datos ofrecidos», y recuerda que hay que conciliar dos intereses: la obligación de justificar la muerte del lobo en la necesidad de protección de ciertos valores o bienes jurídicos (en este caso, el sector ganadero cántabro); y, por otro, la contención.

Como es conocido, el inicio de estos sacrificios hace unas semanas quebró el entendimiento entre las partes en la Mesa del Lobo de Cantabria, un foro de participación con los actores implicados en su gestión y conservación. Arca se marchó de la mesa mientras Ecologistas en Acción avanzó que denunciará en los juzgados estas cacerías.