La lista de valoración de discapacidad se acorta, pero aún afecta a 5.142 personas

A diferencia de lo que pasaba el año pasado por estas fechas, ahora ya son más las personas que salen de la lista de las que entran. O lo que es lo mismo, desde el Icass han conseguido invertir la tendencia, antes al alza y sin freno, aunque aún se mantienen unas demoras de 14 meses desde que se presenta la solicitud hasta que se obtiene el dictamen, con las ventajas que lleva asociadas, que van desde beneficios fiscales, como deducciones en el IVA y el IRPF, descuentos en el impuesto de matriculación o la obtención de tarjetas de transporte público y de aparcamiento, por citar algunos ejemplos.

Pero para llegar hasta ahí, el camino burocrático se había convertido en un auténtico embudo, para quebradero del equipo de Begoña Gómez del Río. Desde el Gobierno de Cantabria se reconoció el grave problema de gestión, mientras entre los afectados las quejas se repetían en la misma línea: «Habrá gente que se muera esperando a que le valoren su discapacidad. Para quien tiene una pensión en condiciones, esa demora igual puede asumirla, porque no le queda otra, pero es que al que vive con lo justo se le está privando de una serie de deducciones a las que tiene derecho y que le suponen una ayuda», apuntaba uno de ellos en declaraciones a este periódico en febrero. En aquel momento, él mismo llevaba 18 meses lesionado y varias visitas al Centro de Evaluación, Valoración y Orientación (EVO), ubicado en Cañadío, en busca de una solución a su expediente. Pero la respuesta siempre era la misma: la demanda está desbordada.

Como explicaron desde la Consejería antes de la puesta en marcha de un plan de choque, el atasco respondía a la coincidencia de varios factores. De un lado, la actualización del Real Decreto 1971/1999 en el que se establecían los baremos de evaluación y el procedimiento para llegar a la declaración y calificación del grado de discapacidad. La normativa se había cambiado -el nuevo decreto estatal 888/2022, de 18 de octubre, entró en vigor en abril de 2023- con el objetivo de que esa evaluación fuera «uniforme» en todo el país, «garantizando la igualdad en el acceso de la ciudadanía a los derechos previstos en la legislación». Pero, a la vez, esa modificación suponía un endurecimiento del proceso, de forma que con los nuevos criterios podía verse rebajado el grado de discapacidad (y sus ayudas) con respecto al que se habría obtenido con los baremos antiguos. La segunda parte del embrollo vino a la hora de emitir los dictámenes, porque si bien el decreto nacional marcaba las directrices, la ejecución recae en las comunidades.

El órgano competente en Cantabria es el Icass, que no solo tenía que formar al personal en el manejo del sistema informático (Baredi) implantado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para medir la discapacidad, sino que también tenía que resolver la falta de personal funcionario para asumir esa labor de valoración. Porque la normativa estableció que debían encargarse «equipos multiprofesionales integrados, en todo caso, por profesionales del área sanitaria y del área social, con titulación mínima de grado universitario o equivalente». Un requisito que chocó de lleno con la falta de médicos. Y más aún cuando no cabía la posibilidad de recurrir a profesionales del Servicio Cántabro de Salud (personal estatutario), que son los que realizan los informes de dependencia.

Así que la primera medida del plan de choque de Inclusión Social para atajar la demora de las valoraciones de la discapacidad fue ampliar los efectivos del Centro de Evaluación, Valoración y Orientación (EVO) -contaba con seis equipos-, con la implantación de un programa temporal de un ejercicio (2025), prorrogable por anualidades (con un máximo de cuatro) que contempla el nombramiento interino de cinco fisioterapeutas ocupacionales y cinco trabajadores sociales, que se incorporaron a mediados de febrero. Ese refuerzo ha permitido rebajar la tardanza en la resolución de los llamados casos 'puros' -aquellos que no conllevan diagnósticos de salud mental- de los 19 a los 14 meses, mientras que los 'mixtos', en los que intervienen también los psicólogos, se mantiene en los 13,5 meses, igual que a principios de año.