López del Moral rechaza las «insistentes descalificaciones» al Poder Judicial desde otros poderes

Durante el acto celebrado en Las Salesas con motivo de la apertura del año judicial –al que asistieron las principales autoridades políticas de la región y los altos mandos policiales, además de los decanos de la Abogacía y la Procura y la vocal del CGPJ, Pilar Jiménez y la fiscal del Supremo, Pilar Martín Nájera–, López del Moral reconoció que «es evidente que los jueces no hacemos todo bien y tenemos errores, y que puede haber jueces que se desvíen de su función, pero existen mecanismos de corrección a los que acudir». Según criticó, «hacer otra cosa solo deteriora nuestra imagen y además contraviene lo que dice el último informe del Estado sobre el Estado de Derecho en España del pasado 24 de julio, cuando manifiesta que el poder legislativo y el poder ejecutivo deben abstenerse de todo tipo de declaraciones o manifestaciones que minen la independencia judicial o la confianza pública en la Justicia».

Para el presidente del TSJC, que dedicó unas palabras al decano de Santander, Jaime Anta, por sus 25 años de trayectoria como juez, resulta «descorazonador que cuando uno hace mención a estas situaciones, en lugar de promoverse un cambio en este sentido, se nos tacha de activistas judiciales, o se dice que en la judicatura española está enraizado un pensamiento conservador». López del Moral quiso dejar claro que «las resoluciones judiciales no se dictan por criterios ideológicos ni por criterios corporativos, sino que se dictan por criterios absolutamente jurídicos». «Es posible que nosotros tengamos ese cierto componente conservador: queremos conservar la confianza de la sociedad en la Justicia; queremos conservar un sistema de acceso que garantice que nuestros futuros jueces van a tener plena autonomía; y queremos conservar la independencia judicial, una garantía para los ciudadanos de que las resoluciones judiciales se dictarán con estricta sujeción al Derecho», resaltó.

El presidente del TSJC, cuyo mandato finaliza este año al igual que el de José Arsuaga al frente de la Audiencia Provincial cántabra, también dedicó unas palabras al Ministerio fiscal hacia el que la judicatura siente el «máximo respeto» y expresó su «plena confianza» en la labor que desarrolla, al tiempo que resaltó que «jamás se ha puesto en tela de juicio» su función.

En un tono más reivindicativo, se refirió a la escasez de medios y a la necesidad de contar con más jueces y juezas, pues la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes en España es cinco puntos inferior a la del resto de países de la Unión Europea. Sin embargo, advirtió de que la manera de resolver esta situación no es cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial actual por otro que «no garantice la formación y el conocimiento exhaustivo del Derecho». El actual sistema «es mejorable, pero sí garantiza que se acceda a nuestro trabajo con criterios de mérito, capacidad e igualdad».

En este sentido, explicó que los actos de protesta que «la mayoría de jueces y juezas españoles» realizaron el pasado mes de junio respondían, entre otros motivos, «a la legítima preocupación» ante una norma que se tramita en el Congreso y que prevé modificar este sistema de acceso a la carrera. López del Moral quiso dejar claro que «no pretendemos decirle al legislativo lo que tiene que hacer, sino fomentar el diálogo, que se hable con los sectores afectados antes de aprobar la reforma, y con el Consejo General del Poder Judicial».

Respecto a esa escasez de medios y a la necesidad de más órganos judiciales en Cantabria, criticó que el Ministerio de Justicia haya «reconvertido» el Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander en uno nuevo de Violencia sobre la Mujer, que considera «muy positivo», pero que supone la pérdida de un «necesario» juzgado de instrucción para Santander.

A pesar de esta coyuntura, López del Moral sacó a relucir una serie de datos que dejan en muy buen lugar a los jueces y juezas de la región, que tienen la mayor tasa de resolución de España, lo que hace que «en Cantabria nuestro jueces se han ganado la confianza y el respeto de la sociedad». Según detalló, los asuntos ingresados aumentaron un 20% en 2024 y los resueltos, un 25%, de modo que la pendencia bajó un 13%. Así, los magistrados de la región dictaron una media de 364 sentencias, con lo que se sitúan 39 puntos por encima de compañeros del resto de comunidades autónomas. «No solo somos los que tenemos la tasa de resolución más alta del país, sino también los que más sentencias dictamos».

El presidente del TSJC aseguró que el incremento de litigiosidad ha sido «especialmente significativo» en los juzgados de lo social y en los juzgados de primera instancia, en los civiles, donde este incremento ha supuesto un 39% de ingreso de asuntos y casi un 40% de resolución. «Parece que con estos datos no necesitaríamos más órganos judiciales. Pero sí, claro que claro que necesitamos más plazas judiciales en Cantabria, especialmente en las jurisdicciones social y civil. Pero tengo muy poca esperanza por no decir ninguna».

Sin embargo, quiso agradecer a los anteriores equipos ministeriales que tuvieran entre sus objetivos el incremento de plazas en Cantabria durante los últimos diez años de su mandato.

El fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga, intervino antes que el presidente del TSJC e hizo una defensa de la Fiscalía española y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (procesado por un presunto delito de revelación de secretos). «En mi primer año como fiscal superior afronto con esperanza el año judicial 2025-26, deseando que sea el año que impere la verdad y el año en el que se imponga el respeto que merece la Fiscalía española y todos sus miembros, desde el fiscal general, una de las máximas autoridades del Estado por orden constitucional que representa y dirige la Fiscalía General del Estado, a la última o último fiscal de la última formación o que se encuentra en la escuela aprendiendo a ser fiscal».

Además, Arteaga reivindicó el «papel vertebral» del Ministerio Fiscal, de las fiscalías en el proceso penal, en la promoción de la justicia y en los valores constitucionales con autonomía, del poder judicial y por supuesto también el resto de poderes del Estado y espera que «cristalice» la nueve ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuye las instrucción de los casos al Ministerio Fiscal. «En Cantabria estamos preparados para llevar la investigación».

Arteaga también ofreció una batería de datos de la última Memoria de la Fiscalía, publicada la semana pasada y correspondientes a 2024, según los cuales las diligencias penales incoadas aumentaron un 6,37 por ciento en la región, hasta las 20.942 -en torno al doble que los dos ejercicios previos- aunque la totalidad de los procedimientos subieron un 3,59%.