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Silva resiste el pulso y mantiene su postura pese a la huelga y la manifestación de los docentes
Las trece huelgas en los dos meses del inicio de curso han supuesto la pérdida de «un 37% de los días lectivos del primer bimestre»
Desde que comenzó el curso escolar, los alumnos han tenido un total de trece días menos de clase por las huelgas. Es una pérdida, tal ... y como informó el consejero de Educación, Sergio Silva, de «un 37% de los días lectivos en el primer trimestre». La movilización de los docentes –que incluso llenaron las calles de Santander el jueves para reclamar la subida salarial después de 17 años– no ha sido suficiente y el Gobierno de Cantabria resiste el pulso: «El mayor compromiso que tenemos hacia los docentes es el proyecto de Presupuestos». Silva mantiene su postura respecto al acuerdo con la Junta de Personal y, por lo tanto, no eliminará la denominada 'Cláusula Silva' del texto.
«Estamos trabajando para que la subida sea real en enero de 2026. Hemos incluido los 17.079.000 euros para asumir o absorber el impacto del tramo correspondiente», aseguró el consejero un día después de la concentración del profesorado. De hecho, con los datos que maneja el Ejecutivo, los profesores de Cantabria pasarán a cobrar «una subida en el global de 1.264 euros al año, es decir, 105 euros al mes haciendo el prorrateo». Todo ello, sin abandonar otras reivindicaciones como «la bajada de ratios, el aumento del gasto en el servicio de transporte o el incremento en el comedor».
Los sindicatos convocaron las trece jornadas de huelga cuando Educación ya había anunciado que trabajaba en incluir la partida de la adecuación retributiva. Por lo que, la solución que ha planteado el consejero para la Junta de Personal no es suficiente: «Es un parche que no se acerca a lo que es un acuerdo plurianual, porque cada año dependeremos de que se aprueben los Presupuestos de gobiernos que ni conocemos», dado que afecta a dos legislaturas.
Así, la negociación queda rota. No hay reuniones a la vista y ambas partes reafirman en cada intervención pública sus posicionamientos. Educación asegura que la subida se va a dar siempre que se apruebe el proyecto, sin acuerdo sindical si se diera el caso. Y la Junta insiste en que no va a pasar por aceptar el punto noveno –el que vincula la subida al suelo presupuestario–, no serán «rehenes políticos». Con este panorama, Cantabria se acerca al año desde que comenzó el conflicto y tiene a sus espaldas cuatro huelgas de todo el sistema educativo no universitario, un inicio de curso con paros escalonados y una semana, previa a la presentación de las cuentas en el Parlamento de Cantabria, con una incidencia media según el Ejecutivo del 13% y según las organizaciones del 41,5%, escalonada (STEC, ANPE y UGT) y del 27,28%, en todas las etapas educativas (CC OO). Sin olvidar la ruptura de los sindicatos que, a parte de hacer dos convocatorias distintas, no contaron con el apoyo de la cuarta organización con más representación de las cinco que conforman la Junta, el sindicato TÚ (con tres delegados).
En la práctica, más allá de los datos, las jornadas de huelga implican cierta excepcionalidad que, criticó el consejero, «suponen un desgaste, no para el Gobierno, sino para las familias y para el sistema educativo». Silva manifestó que «la respuesta sindical es desproporcionada por un asunto salarial». Pero la posibilidad de retomar el diálogo tampoco parece la solución: «Nosotros estamos trabajando para que no sea necesario, o para que detrás de las palabras no haya solo declaraciones, sino intención». Eso sí, para que la subida que recoge el proyecto de cuentas sea una realidad, la prórroga de los Presupuestos actuales no es una opción. El popular aseguró que «no podríamos absorber el impacto», de ahí «que yo siempre haya apelado a la necesidad de tener responsabilidad, que estén dibujados los compromisos. Esa es la mejor manera de que haya subida salarial». Y para que se plasme en las cuentas es necesario el apoyo de los regionalistas, que ya han mencionado el requisito, entre otros, de un acuerdo con los docentes –sin la cláusula– para apoyar el proyecto. Sin embargo, sin la vinculación económica, dijo Silva, «estaríamos de nuevo en el terreno de lo declarativo, no existiría garantía».
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