La mayoría de municipios retirarán sus calles y monumentos franquistas para cumplir la ley

Este periódico se puso en contacto ayer con todos ellos y, salvo algún caso concreto, todos están por la labor de atender la petición que ha realizado, mediante un misiva, el fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Carlos Yáñez.

En algunos de esos ayuntamientos ya tenían previsto esas modificaciones o retiradas de monumentos que prevé la ley. Es el caso de Ribamontán al Mar, donde tienen un monolito de hornacina en la localidad de Suesa con inscripciones franquistas. «Ya se va a retirar. Estaba previsto y lo sustituiremos por otro monolito», trasladó la primer teniente de alcalde, Araceli Colina.

«En el próximo pleno cambiaremos el nombre de la plaza y le pondremos un nombre vinculado con los lazos que hay entre nuestro municipio y México», avanzó Ángel Sainz, alcalde de Villacarriedo, que tiene una plaza con el nombre del falangista Jacobo Roldán Losada.

En Corvera de Toranzo y en Ribamontán al Monte trabajan ya en la modificación de su callejero para la retirada de los nombres franquistas que quedan en sus calles (la Avenida del Generalísimo, en el primero, y el barrio de la Falange, en el segundo). «Vamos a poner en orden todas nuestras calles y lo llevaremos a un pleno para que se retiren todas esas placas, al objeto de cumplir la ley», señalaba Mónica Quevedo, alcaldesa de Corvera. «Nosotros estamos reestructurando el callejero y aprovecharemos para modificar el nombre de esa calle», afirmaba, por su parte, Joaquín Arco, alcalde de Ribamontán al Monte, que aclaró que la cruz con inscripciones franquistas se encuentra en terreno perteneciente al Obispado, con lo que la competencia para su retirada no es municipal. «Ya le hemos remitido el escrito de la Fiscalía al párroco para que lo mire».

Por su parte, el Ayuntamiento de Colindres ya ha iniciado el correspondiente expediente para dar cumplimiento a la ley y retirar el nombre del Almirante Fontán a una de sus calles. «El siguiente paso es decidir el nombre de la calle dando participación a los vecinos de la zona», explicó ayer el regidor municipal, Javier Incera.

También en Bárcena de Cicero tenían previsto retirar la cruz a los caídos que hay ubicada en un cruce frente a la iglesia de Cicero y que, según el alcalde, Gumersindo Ranero, «muchos vecinos desconocen qué es».

Frente a estos municipios, hay otros a los que la carta de la Fiscalía les ha cogido por «sorpresa». Es el caso de Piélagos, donde su alcalde Carlos Caramés asegura que «no tenemos constancia de que en Oruña haya una cruz con inscripciones franquistas. Nos tendrán que decir dónde está porque no nos consta que exista tal monumento en un espacio público, con lo cuál no vamos a hacer nada».

En Selaya, el alcalde Cándido Cobo señala que no les ha llegado la carta del fiscal pero cuando lo haga valorarán los argumentos jurídicos y «estudiaremos si tiene razón». «En cualquier no vamos a incumplir la ley ni vamos a ponernos en rebeldía».

El alcalde de San Roque de Riomiera, José Fernández, también tendrá que consultar, pero con sus vecinos, principalmente, si retiran el monumento a los caídos con el yugo y las flechas de la Falange que tienen en su municipio. «Yo creo que no estorba ni molesta para nada. Nadie nos había pedido antes que lo retirásemos. Si quiere el pueblo lo quitaremos».

También en Medio Cudeyo la alcaldesa María Higuera asegura que tendrán que consultar la retirada de una placa-monolito que se supone que está frente a la iglesia de Valdecilla, aunque «no tenemos ningún inconveniente». Algo similar ocurre en Santoña, donde su alcalde Jesús Gullart, «muy afectado» por la muerte del portero del Colindres, el santoñés, Raúl Ramírez, señaló que, «aunque no es una prioridad, está en manos de los servicios jurídicos».

Entre los 15 ayuntamientos afectados hay alguno que ya ha cumplido con lo requerido. Y hace años. Se trata de Suances, que cambió «hace ocho años» el nombre de la calle General Moral por en de La Encina, «junto a otras seis calles más», según apunta el alcalde Andrés Ruiz Moya.

Del mismo modo, la alcaldesa de Comillas, Teresa Noceda, aclara que ya se suprimió la calle General Solchaga y que la calle Joaquín Ortiz Zárate no hace mención al coronel sino a su hijo, «que nos regaló un terreno para viviendas de protección oficial».