La nueva ley de Renta Social Básica de Cantabria entra en la fase de consulta pública

La nueva ley de Renta Social Básica de Cantabria entra en la fase de consulta pública
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El Gobierno quiere que la norma llegue al Parlamento durante este periodo de sesiones y que se apruebe «con el máximo consenso»

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DM .Santander

El Ejecutivo ya está tramitando el anteproyecto de ley de Medidas para la inclusión social y la cobertura de las necesidades sociales básicas, que incluye la regulación de prestaciones como la Renta Social Básica, la Renta de Apoyo a la Emancipación y la Prestación de Emergencia Social.

Además, la norma recogerá medidas de inclusión, que pondrán el acento en la integración social y laboral, según ha explicado en una nota de prensa la vicepresidenta y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos.

El borrador del anteproyecto de ley inicia su periodo de consulta pública, que será de diez días hábiles a partir de mañana, y se puede acceder a través de la web Cantabria Participa (http://participacion.cantabria.es).

Según ha explicado la vicepresidenta, el objetivo del Gobierno es que el proyecto de ley llegue al Parlamento de Cantabria durante este periodo de sesiones y que se apruebe «con el mayor apoyo y el máximo consenso posible dado el objetivo que persigue, que es ayudar a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social».

El Gobierno de Cantabria quiere impulsar con esta nueva ley el papel de los servicios sociales municipales y reforzar la coordinación y colaboración de los otros sistemas de protección social (educación, salud y empleo). Además, se promueve la participación de las ONG sociales que «son expertas en la inclusión social y laboral», según ha explicado la vicepresidenta.

En lo que se refiere a la prestación económica, se prevé un incremento de la cuantía y se recogen complementos para mejorar la situación de las familias preceptoras.

Dar salida a la situación de pobreza

«No solo queremos que las personas que están en riesgo de exclusión social se encuentren mejor con un apoyo económico, sino que, sobre todo, queremos apoyarlos para salir de esa situación de pobreza», ha afirmado Díaz Tezanos.

La ley, junto a las prestaciones económicas destinadas garantizar unos recursos mínimos de subsistencia, incluye medidas dirigidas a lograr la plena integración social y laboral de las personas perceptoras de la Renta Social Básica.

Además, se adapta a las transformaciones económicas y sociales que se han producido en los últimos años y persigue tres grandes objetivos: luchar contra la pobreza infantil, evitar la cronificación de la pobreza y dar respuesta a las nuevas desigualdades y los nuevos perfiles de pobreza.

«En los últimos años han surgido nuevas desigualdades, nuevos perfiles de pobreza, hablamos de la feminización de la pobreza, de las personas que trabajan pero no llegan a fin de mes y del impacto de la pobreza infantil, entre otros», ha explicado la vicepresidenta.

También se ha referido «al debilitamiento de la cohesión que dificulta la integración e inclusión de las personas y el ejercicio de sus derechos de ciudadanía».

Díaz Tezanos ha señalado que, tras once años desde su puesta en marcha, la Renta Social Básica necesita una nueva normativa que tenga en consideración esta nueva coyuntura, un nuevo modelo de renta «que sea proactivo en favorecer la inclusión social y laboral de las personas», y que invierta en prevención de los problemas sociales para paliar situaciones de pobreza coyuntural que puedan derivar en situaciones crónicas de exclusión social.

Además, se han diseñado medidas de acción positiva para los grupos de población con mayor vulnerabilidad por tener factores de riesgo más elevados y para aquellas familias que lo precisen.

Y, además de la prestación económica, se prevé un acompañamiento social y un apoyo para facilitar su incorporación laboral.

Junto a la Renta Social Básica, esta ley regula la Prestación de Emergencia Social de carácter no periódico y una prestación económica específica para los jóvenes que han recibido protección del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia del Ejecutivo cántabro.