La Oficina de Proyectos Europeos paraliza la captación de fondos por un conflicto interno

¿Qué pasó en medio? El cambio de Gobierno y un conflicto laboral entre la nueva dirección de la OPE y los trabajadores –algunos ya extrabajadores– ha provocado que la plantilla se reduzca a la mitad. Más allá de áreas administrativas y de otros departamentos, en el caso concreto de los gestores y redactores de proyectos europeos, han pasado de seis a tres. Todo debido a finalizaciones de contrato que no se han cubierto, ceses, excedencias o bajas psicológicas derivadas de un «clima de trabajo irrespirable».

Con muchos matices, esa nueva dirección reconoce los números sobre la caída en la captación de fondos europeos en 2024, pero responsabiliza a los anteriores gestores. Al menos, del origen del problema. Asegura que la gestión de la OPE durante la anterior legislatura, con el PSOE al frente de Economía, fue un caos. Tanto a nivel organizativo y de control interno, como en lo relativo a las contrataciones. El Ejecutivo explica que lo que ha intentado hacer en los últimos meses es «resucitar» la Oficina y volver a ponerla a andar, regularizando todas las situaciones dudosas. Reconoce la pérdida de plantilla y, por eso, ante las quejas de los trabajadores por la elevada carga de trabajo, dio la orden de no buscar nuevos proyectos, sino gestionar los programas que ya estaban abiertos.

Uno de los focos del conflicto tiene que ver con la contratación. Muchas de las personas que se incorporaron desde 2017 tenían contratos de tres años «en fraude de ley», lo que después les permitió denunciar a su empresa para intentar consolidar su puesto. De hecho, ha habido seis denuncias y cuatro se han resuelto de forma favorable para los trabajadores. Según la actual dirección, muchas de estas personas tenían relación con el PSOE. Y lo que ha hecho ahora la OPE, en vez de reincorporarles, es sacar un concurso para cubrir esas plazas. Concurso al que podían optar estos trabajadores, pero también otras personas. «Después de ganar la sentencia, algunos no se presentaron y otros ni siquiera pasaron la primera fase», detallan en el Gobierno, dando a entender que la primera vez que entraron en la OPE no tenían la preparación suficiente.

Los afectados lo niegan y afirman que estos resultados tienen mucho más que ver con las condiciones de un concurso público «manipulado» para dejar fuera a los denunciantes. «Se ha pedido una titulación que nada tiene que ver con la labor que se va a desempeñar, no se han reconocido méritos... Se ha hecho todo lo posible para expulsar a determinadas personas que no eran afines. Que no sacaran la plaza o que renunciaran los que ya la tenían con la intención de colocar a los afines», añade uno de los afectados. La prueba es que, según apuntan los denunciantes, a algunos de ellos les ofrecieron indemnizaciones por despido muy superiores a lo que marca la ley.

«Algunos trabajadores llevaban ahí desde 2004 –antes de que se rediseñara la OPE en 2017– y no tenían ninguna afiliación política», subraya otra extrabajadora. En ese sentido, recuerdan que en los últimos concursos convocados, durante la fase de entrevista personal, los entrevistados han preguntado a sus aspirantes por su ideología y por otros aspectos personales. Todo lo anterior se ha incluido en la demanda colectiva presentada por UGT ante la Justicia. La sentencia podría dar por buenos todo el proceso de reestructuración llevado a cabo por la nueva dirección de la OPE, pero también invalidar estos concurso y obligar a reincorporar a los trabajadores. También está en esa demanda colectiva la llegada de Isabel Cuesta, exdirectora general de CEOE y nueva coordinadora de la OPE, por entender la representación sindical que en ese concurso se produjeron anomalías.