El Parlamento aprueba la nueva ley de Régimen Jurídico del Gobierno de Cantabria

Rafael de la Sierra, derecha, intercambia unas palabras con el portavoz del PRC/Sane
Rafael de la Sierra, derecha, intercambia unas palabras con el portavoz del PRC / Sane

PP y Ciudadanos se han opuesto al artículo que permite la creación de mesas de contratación por consejerías

AGENCIASSantander

El pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado hoy la nueva ley de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la comunidad autónoma con el voto a favor de todos los grupos, salvo un artículo rechazado por el PP y Ciudadanos.

Este artículo, el 175 de la ley, abre la puerta, según ha criticado la diputada popular Isabel Urrutia a que se puedan crear mesas de contratación en cada consejería, lo que ha calificado de «inadmisible», y que el representante de Ciudadanos, Rubén Gómez, no ve necesario para mejorar la eficacia.

Sin embargo, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha censurado como «injustas» estas críticas y ha defendido que la nueva ley cántabra mantiene la línea de la normativa estatal aprobada en el Parlamento con la mayoría absoluta del PP, lo que ha valorado como «bastante contradictorio». «Es un debate que no tienen justificación», ha sentenciado De la Sierra, quien ha defendido que se trata de una solución «extraordinariamente razonable y justificada», que tiene como objetivo agilizar la resolución de las contrataciones de la Administración cántabra.

El resto de la ley sí ha contado con el apoyo de todos los grupos y ha salido adelante con el voto favorable de 33 de los 34 diputados del Parlamento, por la ausencia por quinto pleno consecutivo del parlamentario de Podemos José Ramón Blanco, ausente desde que se conoció que su partido le había abierto un expediente por un supuesto acoso psicológico a unas compañeras.

Durante el debate, la mayoría de los grupos parlamentarios han destacado el «extraordinario esfuerzo« que han realizado para alcanzar un consenso en torno a esta ley, que deroga la que ha regulado el régimen jurídico del Gobierno de Cantabria desde 2002 y que ha quedado derogada.

Como ejemplo, el consejero de Presidencia y Justicia ha destacado la aprobación de una enmienda transaccional apoyada por todos los grupos para que puedan acceder a ser altos cargos del Gobierno no solo funcionarios fijos, sino también los trabajadores públicos interinos o personas ajenas a la Administración siempre que cuenten con méritos y conocimientos adecuados.

Sin embargo, los populares han mantenido sus críticas a algunos otros artículos como el que concede a las entidades públicas potestades «peligrosas», según las ha definido Isabel Urrutia, que ha lamentado que no se las prohíba expresamente en la ley poder realizar expropiaciones.

De todos modos, Rafael de la Sierra ha destacado las múltiples enmiendas aceptadas que, en su mayoría, ha explicado no afectan al contenido de esta ley que el titular de Presidencia y Justicia ha definido como «eminentemente técnica» y de la que ha subrayado su importancia.

«Es una ley de extraordinaria importancia para el buen gobierno y para el respeto de los derechos de los ciudadanos en su relación con la Administración», ha recalcado De la Sierra, quien ha agradecido el «esfuerzo» de todos los grupos para alcanzar una norma de consenso.

PSOE niega la venta del psiquiátrico de Parayas

El PSOE ha negado este lunes en el Pleno del Parlamento que el Gobierno regional tenga previsto vender la finca del psiquiátrico de Parayas. Mientras tanto, el PRC ha afirmado que rehabilitar este centro, cerrado hace dos años tras el traslado de los pacientes a Liencres, «no es una prioridad».

Así lo han señalado la socialista Silvia Abascal y la regionalista Rosa Valdés, respectivamente, durante el debate de una moción sobre este tema, impulsada por el PP y negociada con Podemos, que ha sido rechazada con el voto en contra de PSOE y PRC y la abstención de Ciudadanos.

La moción instaba al Gobierno regional a no vender en ningún caso la finca del centro psiquiátrico de Parayas, en Maliaño, y a realizar en el plazo de tres meses un estudio de posibles usos como dotación sociosanitaria y un plan de inversión para su rehabilitación de acuerdo al uso elegido.

La portavoz del PP, Isabel Urrutia, ha reiterado que la decisión de vender el psiquiátrico está «tomada», pese a que el consejero de Economía, el socialista Juan José Sota, aseguró la semana pasada que «no hay nada decidido».

la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, ha recalcado que el psiquátrico de Parayas «está bien cerrado», y aunque «discrepa de muchas de las consideraciones» del PP, otras las considera «razonables» y coincide en que la finca debe seguir siendo pública y acoger usos sociosanitarios como así está clasificado en el Plan General de Ordenación Urbana de Camargo.

El diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, se ha mostrado «razonablemente satisfecho» del resultado final de esta ley después de que se hayan incorporado al dictamen aprobado hoy algunas de sus enmiendas enfocadas a favorecer el «control» y la «transparencia» del Gobierno.

En la misma línea, el representante de Podemos Alberto Bolado ha reconocido que esta nueva norma «no colma todas las espectativas» de su formación política, aunque ha valorado también como «razonablemente satisfactorio» del resultado, que ha desembocado en «una buena ley», ha aseverado.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha defendido que el objetivo ha sido elaborar una «buena ley», que ha confiado en que «sirva tanto» como su predecesora, al tiempo que ha valorado que se trata de un texto jurídico de «innegable calidad».

Y ha incidido en las críticas al PP por «poner en duda la honorabilidad y la imparcialidad» de los funcionarios que participan en las mesas de contratación. «Es un castillo de naipes que han creado para tener un argumento para diferenciarse en una ley que es buena», ha reprochado a los populares.

Por su parte, el socialista Guillermo del Corral ha alegado que se trata de una ley «alejada de ideologías» y ha reivindicado el «empeño» de su grupo, junto a los regionalistas, por alcanzar el «máximo apoyo».

De hecho, ha recalcado que en la tramitación parlamentaria se han aprobado 105 de las 174 enmiendas presentadas, lo que representa un 60 por ciento de ellas, con un porcentaje que en el caso del PP se eleva hasta el 70 por ciento, con 68 de las 98 enmiendas populares aceptadas, según ha resaltado Del Corral.