Pascual insiste en que «no se puede abrir expediente» a las cuatro condenadas por acoso
El consejero de Salud asegura que ahora son los servicios de prevención de riesgos laborales del hospital «los que tienen la competencia para adoptar medidas» y pide que si alguien conoce una vía legal para apartarlas de sus plazas fijas «que me demuestren cómo hacerlo»
«El Gobierno no puede abrir un expediente disciplinario ahora porque no se hizo en su momento y los hechos están prescritos a efectos de la ley». El consejero de Salud, César Pascual, ha vuelto a repetir que no puede actuar contra las cuatro técnicos del laboratorio de Anatomía Patológica condenadas a penas de cárcel por el acoso laboral al que sometieron durante años a sus compañeros en el Hospital Sierrallana para escalar en la bolsa de contratación. Reconoce que «no es agradable» la situación que se está viviendo ahora en el laboratorio de Valdecilla, donde trabajan tres de las condenadas (dos tras estabilizar su plaza allí el año pasado y la tercera porque ha pedido expresamente el traslado desde Torrelavega) junto a varios de los técnicos que fueron víctimas de su hostigamiento en su etapa profesional en Sierrallana. Pero mantiene que «una cosa es lo que moral o éticamente podamos pensar, y otra, lo que legalmente podamos hacer».
«Lo dije desde el principio, que me parecían unos hechos gravísimos. Pero si los servicios jurídicos, tanto de la Consejería, como del Servicio Cántabro de Salud como del Gobierno, informan negativamente, no se puede hacer nada. Nos guste o no nos guste». Porque el problema, recuerda, es que en su día, cuando la investigación interna detectó indicios de delito y se llevó el asunto a la Fiscalía (2019), no solo no se abrió expediente disciplinario a las acusadas sino que «tampoco se personó el Gobierno en el juzgado para pedir la inhabilitación, por lo tanto, la sentencia no les inhabilita». En aquel momento, el consejero de Sanidad era el socialista Miguel Rodríguez, que fue quien ordenó la inspección. Pero pese a quedar probados los múltiples episodios de insultos y hostigamiento que durante años soportaron las víctimas –que son más de las que dieron el paso de denunciarlo y seguir el proceso judicial hasta el final–, las condenadas «tienen una plaza en el sistema público» y la van a seguir teniendo incluso en el caso de que entren finalmente a la cárcel (sus abogados han pedido la suspensión de la pena). Una circunstancia «incomprensible» para quienes han padecido el acoso directamente y para quienes ven en la actualidad el sufrimiento que genera a las víctimas compartir su día a día con las causantes.
Frente a las voces que defienden que sí cabe la apertura de expediente disciplinario ahora y urgen a Sanidad a hacerlo, «al haber una sentencia condenatoria y hechos probados», el consejero responde que, «si es así, que lo demuestren. Si todos los servicios jurídicos del Gobierno dicen que no, y ellos dicen que sí, que nos pongan un ejemplo, a qué sentencia nos podemos agarrar, porque estaría encantado de que alguien me demuestre que yo ahora puedo abrir un expediente». Pero mientras no sea así, «ellas tienen una condena, que tendrán que cumplir, y cuando la cumplan, seguirán». Ni siquiera la demoledora sentencia por sí sola «es motivo suficiente», como ha expuesto el consejero, para que condenadas y víctimas dejen de trabajar juntas.
«Lo que estamos haciendo es un grupo de trabajo con los servicios de prevención de riesgos laborales, que es quien tiene la competencia, para valorar la situación que tienen en el servicio de Anatomía Patológica. Si para las víctimas supone un riesgo psicológico podremos adoptar medidas, de traslado, de movimiento, de lo que sea, pero desde el punto de vista de riesgos laborales», ha afirmado Pascual. «Si las trabajadoras consideran que están en riesgo tienen que comunicarlo al servicio de prevención de riesgos laborales, en este caso de Valdecilla, que es el que tiene la capacidad de articular las medidas y de adaptar los puestos de trabajo a los riesgos. Esa es la vía». Aunque cierto es que durante la larga etapa en la que «el grupo de presión» formado por las cuatro condenadas actuó en Sierrallana sin remordimiento ni sanción alguna –la condena se ciñe al periodo comprendido entre 2011 y 2019, aunque las víctimas aseguran que las coacciones siguieron «en los años siguientes»– fueron numerosas las quejas que se trasladaron a los servicios de prevención de riesgos laborales del hospital de Torrelavega y a los despachos de la Dirección «sin que nadie hiciera nada de nada».
