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Día 8 de mayo y la plantilla de Diavida, la empresa que gestiona el servicio programado de ambulancias en Cantabria, aún no ha cobrado la ... nómina de abril, según denuncia el comité, formado por UGT, CC OO, CGT y USO. Una situación que sus 136 trabajadores ya han vivido varias veces desde que la firma valenciana asumió el contrato del Servicio Cántabro de Salud (SCS) el pasado 1 de octubre. De hecho, ese es uno de los motivos que se han argumentado en la propuesta de rescisión planteada por la Consejería de Sanidad, junto con las múltiples incidencias y fallos notificados en el propio funcionamiento del transporte sanitario encargado de los pacientes que acuden en ambulancia a sus sesiones de tratamiento o consulta a los hospitales, o que son trasladados de vuelta a casa tras recibir el alta.
Según los sindicatos, la demora en el pago se repite «de forma sistemática, mes tras mes, generando una enorme incertidumbre y precariedad entre los empleados, quienes no pueden seguir soportando la falta de ingresos mientras continúan desempeñando su labor». Además, dicen que Diavida arrastra «incumplimientos» relacionados con prevención de riesgos laborales, planes de formación y las condiciones de trabajo, como «la falta de agua y luz» en algunas bases de trabajo.
Hace ya una semana que la empresa valenciana presentó sus alegaciones a la propuesta de rescisión –una medida que consideró «totalmente injusta»–, sin que por el momento haya habido más novedades al respecto. No obstante, tal y como aseguró en declaraciones a este periódico días atrás, el gerente de la compañía, Antonio Moreno, duda de continuar con su proyecto en Cantabria, aunque la respuesta a dichas alegaciones fuera favorable. «Es la primera vez que no nos quieren en un sitio, es una pena», lamentó. «No nos han dado tregua desde que llegamos», dijo en referencia al sindicato UGT, el más beligerante y el que tiene mayor representatividad dentro del comité, al ganar por mayoría en las elecciones celebradas en diciembre.
Sus delegados llevan meses reclamando a Sanidad la rescisión del contrato con Diavida, «en defensa del servicio público y del bienestar de quienes lo sostienen día a día», como recordaron ayer en nota de prensa. El propio comité remitió al Gobierno de Cantabria un informe de 96 páginas en el que recopiló «todos los incumplimientos del convenio colectivo, resoluciones de denuncias e inspecciones de trabajo».
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