Víctimas de acoso en Sierrallana denuncian «la impunidad de la que disfrutan las condenadas»
Informan a la Dirección del hospital de la visita al laboratorio de Anatomía Patológica de una de las cuatro técnicos sentenciadas a penas de prisión por coacciones a sus compañeros y que ahora tiene plaza fija en Valdecilla
Víctimas de las cuatro técnicos del laboratorio de Anatomía Patológica condenadas a penas de prisión (de tres a cinco años) por coacciones a sus compañeros ... en el Hospital Sierrallana (Torrelavega) denuncian «la impunidad de la que siguen disfrutando» las aludidas mientras se espera a la ejecución de la sentencia, confirmada en junio por la Audiencia Provincial de Cantabria. Una reacción que responde a la «situación vivida el pasado viernes, 27 de junio, cuando una de las condenadas, que actualmente trabaja en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (consiguió su plaza fija en agosto de 2024) se personó en las instalaciones del laboratorio de Anatomía Patológica de Sierrallana».
Según exponen a este periódico, esta trabajadora acudió a visitar a otras dos condenadas, «una invasión a una zona restringida al personal del servicio que además supone un acoso directo a las víctimas que allí ejercen su jornada laboral (recibir en tu puesto de trabajo la visita de tu acosadora, que no presta servicios en la empresa)». A su juicio, «esto supone un acto de intimidación tan solo 15 días después de la publicación de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria». Sentencia, subrayan, que «no resuelve ni mitiga el sufrimiento de las víctimas pues, además de trabajar a diario con dos de las condenadas, tienen que soportar la visita de una tercera». Todo esto «ante la pasividad de la Gerencia de Sierrallana, del Servicio Cántabro de Salud y de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, y en un entorno laboral extremadamente sensible dada la repercusión del trabajo que se realiza en un laboratorio de Anatomía Patológica».
Aseguran que este episodio se puso en conocimiento de la Dirección del hospital, con Yolanda Montenegro al frente, desde donde se les manifestó que «el hecho de que exista la sentencia condenatoria no es motivo para impedir la entrada al servicio a una de las condenadas». No obstante, por otro lado, se les reconoció que «al tratarse de una zona de acceso restringido ella no debería acceder al laboratorio».
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