Cruce de acusaciones entre Celsa y los fondos acreedores

Los fondos lanzaron a primera hora un duro comunicado en el que señalaron directamente a los propietarios de la compañía, la familia Rubiralta, como el principal escollo para alcanzar un acuerdo que permita el rescate por parte del Gobierno español y con ello evitar una potencial insolvencia.

La corporación catalana, que en Cantabria posee activos tan relevantes como Global Steel Wire, Tycsa o la antigua Trefilerías Quijano en Los Corrales de Buelna, replicó con otra nota de prensa en la que manifestaba, entre otras cuestiones, que «los fondos acreedores adquirieron a la banca la deuda de la compañía con hasta un 80% de quita en el caso del instrumento convertible y de un 20% en la deuda senior». Es decir, que pese a la propuesta de quita por cerca de 1.200 millones sobre los aproximadamente 2.400 que ostentan seguirían obteniendo grandes rentabilidades con la operación.

«Nunca han financiado a la compañía ni se han interesado por su plan estratégico», prosiguió Celsa, para agregar que «su propuesta pretende la extracción y expropiación del valor de la compañía a través de una rentabilidad del 80% anual, que obtendrían soportada sobre la ayuda pública y a costa de todos los grupos de interés de la compañía (trabajadores, proveedores, clientes, comunidades...) de su actividad industrial, y de las inversiones necesarias para la transición energética».

Los fondos no comparten que la familiar Rubiralta mantenga todo el capital social. Celsa, por su lado, ofertó la semana pasada 400 millones adicionales al plan de la SEPI, divididos en una cantidad fija y una variable determinada en función del ebitda que se alcance entre 2023 y 2030. En todo caso, el tiempo sigue corriendo. 30 de junio, fecha límite.