La amenaza de veto a Huawei pone en jaque a España con más de 4,2 millones de euros en contratos públicos

Ahora, Bruselas quiere vetar su acceso a los contratos públicos en infraestructuras críticas. Una orden que puede sonar lejana en la capital europea, pero que en Madrid -y en los pasillos técnicos de decenas de instituciones públicas- se traduce en una pregunta incómoda: ¿y si España no puede prescindir de Huawei tan rápido como le exigen?

La firma china, gracias a su bajo coste, fue -hasta 2018- socio clave en el despliegue de las redes de telecomunicaciones y en el salto al 5G. Ese año, la Administración Trump acusó a Huawei de espiar para Pekín. «Sin pruebas hasta la fecha», defiende la empresa. Europa recomendó precaución, pero España no ha elaborado aún la lista negra de proveedores de alto riesgo que exige Bruselas.

Y mientras en el plano político se intensifican los recelos, en el operativo todo sigue igual. Uno de los casos más recientes ilustra el dilema. El contrato para ampliar RedIRIS -la red que conecta a más de 500 instituciones públicas- incluía equipamiento Huawei. Valorada en unos 10 millones de euros, la licitación se anunció, se adjudicó y, tras una reacción política, se anunció su cancelación. Cuatro meses después, el desistimiento se formalizó no por estrategia, sino por falta de presupuesto. El episodio mostró la tensión entre el discurso y la realidad técnica: cambiar de proveedor encarece y retrasa, mientras mantener el actual choca con Bruselas.

Según los datos de contratación pública analizados por este periódico, las administraciones españolas han adjudicado y formalizado contratos valorados en más de 4,2 millones de euros con equipamiento Huawei desde 2019. La mayoría corresponden a redes y sistemas de almacenamiento. Y están repartidos por toda la Administración: Estado, comunidades autónomas, Seguridad Social, diputaciones, ayuntamientos y universidades públicas.

Entre los dispositivos más comunes figuran los Huawei OceanStor, unas cabinas de almacenamiento que guardan datos públicos. La compañía china afirma que estos sistemas son meramente «almacén» y que no accede al contenido de los datos. Sin embargo, Estados Unidos ha expresado formalmente sus preocupaciones e instado a España a reconsiderar su uso. Son sistemas de propiedad intelectual cerrada y soporte centralizado. Eso crea dependencia y dificulta su sustitución si finalmente se impone el veto.

Huawei sostiene que cumple todas las leyes europeas y españolas y que su tecnología es segura, auditada y no tiene acceso a los datos que gestionan sus equipos. A la vez, organismos estatales, regionales y locales siguen adjudicando nodos de comunicación para el transporte público, plataformas de gestión de redes y equipos para hospitales, universidades o centros de datos públicos. Son infraestructuras que habría que revisar y reemplazar para mantener el servicio operativo si Europa obliga a prescindir del fabricante chino, lo que podría elevar la factura en miles de euros.

En la mayoría de los contratos, Huawei no aparece como adjudicataria directa. Su tecnología llega a través de integradores que suministran y mantienen el equipamiento. Adif mantiene nodos ferroviarios con tecnología Huawei; la Seguridad Social contrata el soporte de su infraestructura de comunicaciones; Andalucía integra sus servidores en sistemas digitales; y Navarra, la Diputación de Toledo o Sabadell recurren a estos equipos para gestionar servicios municipales. Sustituirlos implicaría reconfigurar redes que funcionan diariamente.

Sacar a Huawei de la Administración española significaría años de transición y un coste millonario. Bruselas habla de soberanía tecnológica; Madrid mira la factura. Y cada nueva compra pública hace la salida más difícil. Según estimaciones del sector citadas por Expansión sacar a Huawei solo de las redes de telecomunicaciones supondría alrededor de 4.000 millones de euros.

Desde Pekín lo resumen con filosofía milenaria: «Cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros y otros molinos». En España, la respuesta sale del refranero: «A buenas horas, mangas verdes». Europa quiere levantar barreras. Pero la tecnología china ya está dentro. Y sacarla no será tan fácil como decidirlo.