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El proceso negociador que ha encarado Bridgestone en España para rebajar la capacidad productiva de sus plantas de Puente San Miguel y Basauri ha desembocado ... en una notable reducción del impacto inicial dibujado en Vizcaya y un desarrollo más estable de las consecuencias en Cantabria. Basta comprobar el planteamiento primero de la multinacional para corroborar la dilución del ajuste en la comunidad vecina, con una disminución de los despidos planteados que supera el 30%; frente al recorte del 10% en la factoría de Reocín.
Bien es cierto que ambos centros de trabajo, pese a englobarse en el mismo Expediente de Regulación de Empleo (ERE), se centran en diversos segmentos, aunque coincidiesen hasta la fecha de forma tangencial en la producción de neumáticos de camión. En Basauri, cuando Bridgestone concretó su ERE el pasado 24 de abril, la hoja de ruta encima de la mesa pasaba por prescindir de 335 de los 831 empleados en nómina, el 40,3% del personal. En Cantabria, el anuncio pasaba por 211 salidas de los 418 efectivos, el 50,4%.
Desde ese momento se han sucedido las reuniones, movilizaciones y gestiones políticas, con los propios sindicatos enfocados en la necesidad de un plan industrial de futuro que garantice la actividad en el medio plazo. En Basauri, de hecho, la reacción inicial a dicha comunicación del fabricante de neumáticos era que dicha reestructuración suponía el primer paso al cierre de la empresa.
Desde entonces, y hasta la firma del acuerdo de ERE el pasado lunes, previa aquiescencia de la plantilla el viernes vía referéndum, el escenario ha variado notablemente. Bridgestone ha puesto encima de la mesa unas buenas condiciones económicas de salida, lo que incentivará las bajas voluntarias, así como abierto la mano a prejubilaciones, algo que negó inicialmente.
44,9% de la plantilla cántabra saldrá de la empresa; sólo lo hará el 27,9% en Basauri.
Despidos Con las prejubilaciones, Vizcaya tendrá un tope de 132 salidas forzosas; unas 148 en Puente San Miguel
Futuro La fábrica vasca taponó la sangría laboral al garantizarse 100.000 cubiertas más al año
Un tira y afloja que ha favorecido especialmente a la fábrica de Vizcaya. La fotografía final fija en 232 bajas el ajuste, esto es, un 30,7% menos equivalente a 103 trabajadores menos. En Puente San Miguel, la cifra total llega a 188 personas, 23 menos que lo propuesto el 24 de abril, una bajada del 10,9%.
No sólo eso. Además de las salidas voluntarias, con una prima de 30.000 euros e indemnizaciones sin límite de 45 días por año trabajado, están las prejubilaciones, a las que podrán agarrarse los empleados que tengan 55 años el próximo 30 de junio hasta los que cuenten 64 años. Según los cálculos sindicales, en la fábrica vasca cerca de 100 personas tendrán derecho a esta fórmula, por unas 40 en Cantabria.
Dicho de otra manera, con independencia de las rescisiones incentivadas, Basauri, que arrancaba con 100 despidos más hace un mes, en la práctica sufrirá menos marchas forzosas que en Puente San Miguel, salvo una desbandada voluntaria en la factoría de Reocín.
La cifra total de salidas en Vizcaya, las 232, supone el 27,9% del personal total, lejos del 40,3% inicial fijado por Bridgestone. En el caso de Puente San Miguel, las 188 bajas conllevan el 44,9%, más próximo al 50,4% con el que arrancaron las conversaciones.
Después quedan las garantías industriales. Más concretas en el caso vizcaíno, tal y como destacó Bridgestone en un comunicado para valorar el desenlace del ERE. En la planta vecina se fabricarán, como mínimo, 100.000 cubiertas más anuales. Por el lado cántabro, compromisos de destinar productos de mayor valor añadido que arrojen una rentabilidad superior, así como el mantenimiento como plataforma de suministro de compuesto a otras plataformas y negocios.
En paralelo, la gestión política. El Gobierno de Cantabria ha defendido un contacto permanente con la empresa acompañado del Ministerio de Industria. El Ejecutivo difundió una teleconferencia con Ahmed Boualam, el vicepresidente de manufacturing y máximo responsable de fabricación de Bridgestone para Latam, Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y África, para explorar nuevas líneas de negocio vinculadas al incremento inversor en el ámbito de la defensa. La empresa, según informó al comité, estaba estudiando esta propuesta.
Por su lado, el consejero de Industria vasco, Mikel Jauregi, viajó el pasado 12 de mayo a Japón, donde pasó tres días, según informó El Correo. Allí mantuvo relaciones con, entre otros, el viceministro de Finanzas nipón. Con Boualam tiene conversaciones recurrentes y busca nuevas inversiones para Basauri en torno a productos más sostenibles. Ese mismo 12 de mayo llegó la oferta final de Bridgestone.
El Gobierno de Cantabria, a través del consejero de Industria, Eduardo Arasti, explicó ayer que su labor no finaliza con el cierre del ERE en Bridgestone. Al contrario, mantiene reuniones con empresa y Ministerio de Industria para poder garantizar la viabilidad de Puente San Miguel, avanzó en declaraciones a El Diario.
El Ejecutivo mantiene encuentros técnicos con la multinacional, especialmente encaminados a corroborar las diferentes regulaciones que favorecen a la competencia asiática, que «entre 2018 y 2024 se ha quedado con buena parte del mercado de Bridgestone sin que el Gobierno de Cantabria y el de España hicieran nada», lamentó.
Cuando las conclusiones estén aquilatadas, estas diferencias presumiblemente serán trasladadas a Bruselas para que la UE defienda los intereses de las fábricas asentadas en el continente, en línea con las medidas protectoras que ha obtenido, por ejemplo, la fábrica de Saint Gobain PAM en Santander. «Es importantísimo no sólo para el futuro de Bridgestone, sino de otras empresas».
Arasti igualmente valoró la reunión telemática con Ahmed Boualam, máximo responsable de Bridgestone Manufactoring en medio mundo, incluida Europa. A él se le trasladaron posibles nuevas líneas de negocio.
El titular de Industria incidió en que «trabajamos conjuntamente con el Ministerio» en pos de soluciones. Además, en breve saldrá el decreto para formación que favorecerá las recolocaciones de trabajadores despedidos que impulsa la Administración.
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