La Eurocámara pide una prórroga para gastar fondos del plan de recuperación más allá de 2026

Los representantes que han pedido la extensión de este periodo destacan el efecto «estabilizador» del mecanismo de recuperación y resilencia, especialmente ahora que Europa está plenamente inmersa en un periodo de «importante incertidumbre económica», desatada por la llegada de Donald Trump al Despacho Oval o las tensiones geopolíticas que afectan de manera directa a la economía del continente. En concreto, quieren dar margen a las capitales para culminar aquellos proyectos que se encuentren en una fase «madura».

Según ha recordado la Eurocámara, aún quedan por implementar el 70% de los objetivos que los países habían pactado en sus planes de recuperación. En paralelo, aún no se ha desembolsado más de 300.000 millones de euros, que supone cerca de la mitad de la dotación total del mecanismo. Por eso mismo los eurodiputados pretenden extender el plazo para garantizar la finalización de inversiones clave y proyectos a gran escala. Sin embargo, la Comisión ya ha rechazado en varias ocasiones una prórroga de los plazos amparándose en que es legalmente inviable.

En este sentido, los eurodiputados instan a la Comisión a establecer nuevos programas «flexibles y adaptables» a las circunstancias cambiantes, para garantizar así su «previsibilidad». Asimismo, han pedido la simplificación urgente de los requisitos de solicitud e información para ayudar a los solicitantes más pequeños y maximizar la absorción y el impacto de la financiación, a la vez que se refuerza el papel de las autoridades locales y regionales en el diseño, la revisión y la implementación de los planes nacionales.

Por ahora, España ha gastado 51.355 millones de los fondos, lo que supone una tasa de resolución del 65%, según las últimas cifras del Gobierno. Este porcentaje de convocatorias resueltas supone que desde que comenzó 2025 se ha impulsado la entrega de fondos, ya que a cierre de 2024 no se llegaba ni al 41%, según cifras de Eurostat. La media de la UE en ese momento era del 45%, pero países como Francia o Dinamarca ya alcanzaban el 70% de ejecución a cierre de año.