Octavio Granado

Exsecretario de Estado de la Seguridad Social

«El mayor problema con la pensión de los jóvenes es que no quieren tener hijos que la paguen»

–El incremento del absentismo por baja médica se ha convertido en la principal preocupación del empresariado cántabro y despierta inquietud en el Gobierno regional. ¿Está justificada esa percepción?

–Los gastos por incapacidad temporal han tenido una evolución tremendamente imprevisible. Sabíamos que iban a crecer por el envejecimiento de la población activa, pero no en estos niveles. El año pasado acabamos con una cifra cercana al 18% de incremento, unos 2.700 millones más. En 2025 estamos en un crecimiento del 12%. Hay que reconfigurar la prestación porque además una subida tan elevada de su uso no facilita ni mejora el estado de salud de las personas, lo empeora. Ahora mismo las bajas que más están creciendo son las de salud mental. Hablamos de ansiedad, depresión, estrés... En muchos casos lo que hay es un trastorno adaptativo. Las personas tienen problemas en su domicilio, en su familia y también tienen problemas en la empresa. El sistema sanitario, que en nuestro país es un sistema de excelencia, tiene un hueco enorme que es la rehabilitación. ¿Y qué hace cuando una persona entra en una prestación de incapacidad temporal y coge la baja por salud mental? Le receta fármacos, de modo que la gente con problemas de salud mental, con estrés, con ansiedad, con depresión, no tiene casi ningún tratamiento que no sea farmacológico.

–¿Qué modelo alternativo propondría para gestionar adecuadamente estas bajas de difícil objetivación?

–Hay posibilidades. Por ejemplo, hay institutos de previsión social que llevan tiempo poniendo en marcha la baja parcial: la persona coge la baja y, pasado un tiempo, empieza a trabajar poco a poco, con programas de atención y rehabilitación. Funciona muy bien y no ha generado litigios. Otra vía es incentivar la recolocación: en empresas grandes, dentro de la propia compañía; en las pequeñas, facilitando el cambio a otra. A veces una persona está de baja simplemente porque está mal en su puesto actual y podría trabajar perfectamente en otro.

–¿Cómo se puede distinguir entonces en España una baja legítima de una oportunista sin perjudicar a quien realmente está enfermo?

–Cuando se ponen en marcha procesos de recuperación serios, el presunto defraudador es el primero que muestra desinterés. Quien no quiere trabajar tampoco quiere acudir a un psicólogo o psiquiatra que pueda objetivar su problema. Entre los expertos se utiliza el término 'repetidor': personas que encadenan muchas bajas cortas y oportunistas. Hay casos en los que pactar permisos sin retribuir para determinadas fechas redujo drásticamente las bajas porque lo que había detrás era una actividad ajena al puesto de trabajo. Por ejemplo, en Aranda de Duero para las cosechas. Si el sistema funciona bien, es más fácil detectar el fraude y proteger al enfermo real, que agradecería muchísimo disponer de rehabilitación.

–¿Qué papel juegan organizaciones como Mutua Montañesa en este escenario, más con una apuesta clara por la transformación digital para optimizar la prestación del servicio?

–Un papel esencial. Si no existieran, habría que crearlas. Su participación mejora la gestión porque aportan una visión empresarial útil para manejar dinero público. Durante mis etapas en la Secretaría de Estado tuve muy buena relación con ellas, pese a que fue necesario corregir prácticas como los 'extornos', devoluciones ligadas a compras de productos. Cuando se eliminaron, lo que quedó fue el servicio real, y eso elevó la calidad y redujo costes. Me pareció una magnífica noticia que a Mututa Montañesa le entregaran el Premio CEOE a su compromiso social, especialmente por su apuesta por la innovación.

–Parece evidente una amplia unfluencia regional en las tasas de absentismo, con mayor peso en el norte (Cantabria, País Vasco, Navarra...) que en el sur. ¿A qué cree que obedece?

–El absentismo tiene un componente de contagio. Si en un núcleo industrial, por razones laborales, se normaliza estar de baja, eso se extiende. También influyen los sistemas de control: Andalucía, por ejemplo, tenía mucho absentismo hace 20 años, pero el trabajo realizado por la Seguridad Social allí lo ha reducido. Igualmente influye la cantidad de empresas públicas, pues en ellas el control del absentismo suele ser menor que en las privadas. Uno de los lugares con más absentismo son los hospitales, donde trabajadores mayores con tareas físicamente exigentes pueden conseguir bajas de conveniencia con más facilidad.

–Pasemos a las pensiones, ¿cómo ve su situación actual?

–Desde las reformas del ministro Escrivá el sistema español tiene una evaluación trienal de los interlocutores sociales y otra externa de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. La última evaluación decía que el sistema se comporta bien: los ingresos crecen más que los gastos. Pero España tiene un problema específico: es el país de Europa que más empleo crea, lo que aumenta el tamaño del sistema y, por tanto, la magnitud del reto. Cuando yo entré en 2004 había 13 millones de afiliados; ahora hay 22. Los problemas crecen simplemente porque hay más gente.

–¿Cobrarán pensión los jóvenes de hoy en día?

–Sí. Pero la legislación va a cambiar y habrá que ver la cuantía. El principal problema no es financiero: es la baja natalidad. El sistema español es de reparto: los que trabajan pagan las pensiones de los jubilados. Y eso exige que haya hijos. Si no hay relevo generacional, el sistema tendrá que transformarse radicalmente. Si al final todos decidimos que no podemos o queremos tener hijos, entonces cada uno tendrá que capitalizar su propia jubilación y no pensar que va a haber un sistema en el que los hijos de otros van a pagar las pensiones. El mayor problema con los jóvenes es que no quieren tener hijos que paguen esa pensión.