Bernardo Bande

Presidente de los Asesores Fiscales de España

«La presión de la Agencia Tributaria sobre pymes y autónomos es asfixiante»

–Esta edición va a centrarse en los impuestos cedidos a las comunidades autónomas. ¿Cambiaría algo del modelo actual?

–Los tributos son la vía para obtener la mayor recaudación, por tanto es lo que aporta más financiación autonómica. Al final estamos hablando del diagnóstico del sistema de financiación autonómica, básicamente. Nosotros aquí decimos lo que venimos diciendo siempre: hemos defendido que necesita una reforma muy seria. Lleva muchos años sin revisar, y creo que en eso hay consenso incluso en las universidades y en todos los aspectos en que no responde adecuadamente a las necesidades y la realidad económica actual. Nosotros no entramos nunca en cuestiones políticas, pero sí que defendemos que hay que hacer una reforma de financiación, sin urgencias coyunturales y, lo más importante, con vocación de permanencia. Esta reforma debe ser estructural, consensuada y debatida en un foro multilateral como el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todo ello si lo que queremos de verdad es construir un sistema de financiación sólido y duradero.

–¿El sistema tributario actual favorece la competencia desleal entre territorios como se ha dicho con el impuesto de Patrimonio?

–El problema aparece en los impuestos totalmente cedidos, que son Sucesiones y Patrimonio. ¿Por qué? Pues porque puedes morirte en un sitio y pagar un dineral y morirte en otro sitio y no hacerlo. ¿Eso genera lo que se puede denominar como una guerra fiscal entre comunidades? Es que es el sistema actual de financiación autonómica. Lo que yo creo que no se puede hacer nunca es criticar a una comunidad autónoma que lo que hace es en función de lo que esa ley estatal le autoriza y, a partir de ahí, decide si mantiene el impuesto de Patrimonio, si lo quita, lo mantiene con un mínimo exento... Obviamente, se generan situaciones donde en una comunidad puede haber un impuesto muy potente que no lo hay en la otra. Pero está dentro de las reglas del juego mientras no se modifiquen.

–El valor de referencia de los inmuebles a la hora de liquidar impuestos es otra de las polémicas actuales y que ustedes van a analizar en el curso.

–Es uno de los temas más importantes que vamos a tratar en la sesión. No deja de ser un valor objetivo que se aplica como importe mínimo de la base imponible de impuestos autonómicos, sobre todo sucesiones, donaciones y compraventa de inmuebles, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Desde la Asociación criticamos que se nos obliga a tributar, como mínimo, por ese valor objetivo, que se denomina valor referencia, que no es el valor real de la operación. Es una cifra fijada unilateralmente por la Administración sin tener en cuenta todas las características particulares de los inmuebles. Llevamos tiempo denunciando que este sistema vulnera principios constitucionales. Por ejemplo, clarísimo, el de capacidad económica. De hecho, todos los años desde 2022, cuando se aprobaron los primeros valores de referencia, hemos impugnado las órdenes de los valores de referencia y actualmente están en la Audiencia Nacional.

–Si le diesen libertad para acometer una reforma fiscal en España, ¿que haría?

–Le daríamos una vuelta de arriba a abajo. Hay impuestos que si miramos incluso a la Unión Europea, como el caso de Patrimonio, no existen ya en ningún país de la UE. Incluso Noruega se está planteando quitarlo. En el resto de impuestos autonómicos probablemente habría que modificar el ámbito en el que lo puedas mover, para que no haya tantas diferencias. Luego, a nivel estatal, normas mucho más claras, más previsibles que las actuales. También está el tema de los recursos actuales. Al final, un contribuyente espera 10 años hasta tener una sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

–Hablemos de Cantabria, ¿cómo ve la presión fiscal de la Comunidad y las rebajas acometidas en los últimos ejercicios?

–Creo que en todo lo relativo a empresa familiar, esto es, Patrimonio y Sucesiones, Cantabria está muy bien. Desde la Asociación cualquier reforma que facilite cualquier cuestión a las compañías familiares la vemos de manera súper positiva.

–Tras la pandemia las asesorías denunciaron públicamente un aumento desmesurado de los requerimientos e inspecciones de Hacienda a sus clientes, especialmente pymes y autónomos. ¿Se ha normalizado esa presión?

–Lo voy a resumir en una palabra: asfixiante. Especialmente para las pymes y autónomos, que reciben requerimientos constantes de todo tipo, muchos automatizados, donde se les exige en un plazo de 10 días un montón de documentación, donde se les pide justificación hasta el último detalle de un montón de gastos que luego tendrían que ir a los tribunales para poder ganarlo. Una de las cosas que nosotros hemos pedido a la Administración Tributaria, por ejemplo, es que en el mes de agosto, a no ser que sea necesario, porque sea una urgencia que les prescribe algo, que no envíen notificaciones. De momento no nos han hecho caso, porque se siguen haciendo un montón de notificaciones ese mes. Vamos a decir entonces que la situación no ha mejorado. Es una presión fiscal indirecta que es mucho menos visible, pero es asfixiante para las pequeñas empresas.

–¿Cómo va a cambiar la inteligencia artificial la labor de los asesores fiscales?

–Es magnífica, pero mal utilizada puede ser un arma de destrucción masiva. Nosotros ya tenemos nuestras herramientas que la utilizan, bases de datos... En realidad nos preocupa más el uso que haga la Administración de la IA, que puedan hacerse comprobaciones masivas automatizadas. Nosotros estamos muy encima para que detrás de todo eso haya una supervisión real. También, el derecho del ciudadano a acceder a los algoritmos que deciden que una inspección se te haga a ti y no a mí.