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UGT vuelve a insistir a administraciones y empresas de Cantabria a que adopten un mayor control, especialmente en los centros de trabajo, contra el riesgo del gas radioactivo radón que, según el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), está presente «en niveles nada despreciables» en 51 municipios de la región.
Según aclara el sindicato, las mediciones realizadas por el CSN en estos municipios implican que los edificios allí construidos, sin medidas específicas de protección frente al radón, presentan concentraciones de este gas radioactivo superiores al nivel de referencia europeo: 300 Bequerelios por metro cúbico (Bq/m3).
La novedad estriba en que el pasado 1 de mayo el Consejo publicó en el BOE la Instrucción IS-47, de 9 de abril de 2025, por la que se aprueba el listado de términos municipales de actuación prioritaria contra el radón. En dicho documento se identifican los ayuntamientos de actuación prioritaria, a efectos de la exigencia del Reglamento de Protección de la Salud sobre los riesgos derivados de la exposición a las Radiaciones Ionizantes (RPSI) aprobado en diciembre de 2022.
15 centros
de trabajo de Cantabria están a día de hoy en el Registro Central nacional.
Los municipios afectados se recogen en el Código Técnico de la Edificación (CTE). En su apéndice se incluye el listado de los que se considera que tienen una probabilidad significativa de que los edificios allí construidos, sin medidas específicas de protección frente al radón, presenten concentraciones de este gas radioactivo superiores al nivel de referencia (300 Bq/m3). En Cantabria, de los 51 municipios, únicamente aparece San Roque de Riomiera en zona II, que es la categoría que se identifica en el CTE como de mayor protección, lo que significa que un porcentaje significativo de la población está situado en zonas de potencial de radón mayor que el nivel de referencia. «Pero no debemos olvidarnos de que los 50 municipios restantes recogidos en (zona I), también exigirán, aunque con nivel menor de protección, un control», señala Pedro Cobo, responsable de Salud Laboral de la Federación de Servicios de UGT, que añade que «el objetivo final es adoptar las medidas necesarias para reducir el riesgo de cánceres en la población debido a la exposición a este gas radiactivo de origen natural».
Cobo abunda en que desde el año 2001 se obliga a las empresas que realicen una actividad con riesgo de exposición al radón a darse de alta en un registro especial o Registro Central de Actividades Laborales con Exposición a la Radiación Natural.
«Por ahora sólo hay 172 centros de trabajo en toda España, de los que 15 son de Cantabria, con sólo dos industrias porque en su gran mayoría los registrados son cuevas prehistóricas o balnearios», añade.
De ahí la demanda del sindicato en pos de una mayor actividad pública y corporativa. «Esta infradeclaración de empresas queda patente si observamos el mapa del potencial de radón de España realizado por el Consejo de Seguridad Nuclear», puntualiza Cobo, tras recordar que «salvo aquellos centros de trabajo con actividad al aire libre, todos los demás deberían estar registrados».
Según incide, «es imposible adoptar esas medidas preventivas si no evaluamos este riesgo, que es lo que está sucediendo en la mayoría de los casos en Cantabria», lamenta ante la ausencia de mediciones o seguimiento de los parámetros.
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