'Caso Renedo', clases de corrupción

La exjefa de servicio del Principado Marta Renedo. /
La exjefa de servicio del Principado Marta Renedo.

La magnitud del fraude en el principado es aún un misterio. El 4 de abril la Audiencia Provincial inició el juicio oral, con 13 acusados

RAMÓN MUÑIZGIJÓN

Es el primer gran caso destapado en Asturias, a principios de 2011, con la detención de un exconsejero de Educación, su número dos, una alta funcionaria y dos proveedores habituales del Principado. La redada convulsionó una región a la apenas afectó la burbuja del ladrillo, donde el PSOE gobernaba con holgura, y los escándalos se veían como algo propio del Mediterráneo. Esta pérdida de inocencia coincidió con la fundación por parte de Francisco Álvarez-Cascos de su partido Foro Asturias de Ciudadanos (FAC), presentándose con un discurso anti-stablishment que atacaba el 'turnismo' del PSOE y al PP con unos argumentos que años después enarbolaría Podemos. El PSOE expulsó de forma inmediata al exconsejero, pese a lo cual en mayo de 2011, apenas cuatro meses después de la redada y el nacimiento de FAC, Álvarez-Cascos se impuso en las elecciones regionales, espoleado por los detalles conocidos tras levantarse el secreto de sumario.

Caso Renedo

- Fecha de inicio del procedimiento: Principios de 2011.
- Número de imputados: 13.
Causas : Cohecho, falsificación documental, prevaricación y malversación.
- Partido al que pertenecen: PSOE.

El 'caso Renedo' debe su nombre a la exjefa de servicio del Principado Marta Renedo, a quien la Policía siguió la pista al constatar que había aprovechado los DNI de varios ciudadanos para abrir cuentas corrientes a las que supuestamente desviaba dinero de su área. Gracias a las intervenciones telefónicas, los agentes descubrieron que la funcionaria podía estar cobrando comisiones de Igrafo y APSA, las dos principales empresas en el suministro de mobiliario y material de oficina. La investigación destaparía luego que ambas repartían centenares de jamones y botellas de vino entre el funcionariado, y que sufragaban viajes, reformas y joyas a la cúpula de la Consejería de Educación.

Las supuestas irregularidades se desarrollaron entre 2003 y 2010, en cuatro consejerías, y se llegaron a investigar ramificaciones en la Universidad de Oviedo y parte de los ayuntamientos asturianos. Las pesquisas han sacado a la luz el amaño de concursos públicos (presentando a la puja a tres sociedades controladas por el mismo empresario), el abono de facturas falsas (a finales de año, para agotar el presupuesto de cada departamento, desviándolo así al proveedor de confianza), y el descuadre entre las adjudicaciones y el material realmente entregado. La instrucción llegó a pasar de los 40 imputados, situando el núcleo del fraude en la Consejería de Educación, que en el tiempo investigado era dirigida por José Luis Iglesias Riopedre. El veterano político es amigo personal de Vicente Álvarez Areces, presidente del Principado durante doce años y uno de los principales puntales del socialismo asturiano en las últimas dos décadas.

Desde que el caso saltó a la luz, han pasado tres elecciones regionales, dos municipales y ahora se celebrarán las terceras nacionales. Tras el efímero Gobierno de Álvarez-Cascos, el PSOE recuperó el Ejecutivo autonómico aunque para ello el cabeza de cartel, Javier Fernández, tuvo que ceder a las exigencias de UPyD y consentir la apertura de una comisión de investigación parlamentaria sobre el asunto, formato que la Junta General tenía abandonado. El ejercicio concluyó con la reprobación del propio Areces y siete ex altos cargos de sus equipos, además de detectar nuevos indicios de irregularidad en 199 contratos. El parlamento elevó la documentación al Tribunal de Cuentas, donde hay cuatro juicios abiertos para recuperar los fondos detraídos.

La magnitud del fraude es aún un misterio. El 4 de abril la Audiencia Provincial inició el juicio oral, con 13 acusados. Después de cinco años de proceso, el Principado acababa de presentar su primera auditoría sobre el supuesto dinero pagado desde Educación a las empresas por miles de pupitres y sillas que ahora no aparecen en los colegios de entrega. El ejercicio calcula en cuatro millones el quebranto causado solo entre 2009 y 2010. Los jueces rechazaron admitir el trabajo, al considerar que el Gobierno había tenido años para presentarlo durante la fase de instrucción. Esa inacción está siendo ahora censurada al unísono por toda la oposición. A pesar de las críticas, el PSOE ha optado por volver a situar a Álvarez Areces como su candidato al Senado.