El Poder Judicial abre una diligencia informativa por la queja de Pradas contra la jueza de la dana

La apertura de diligencias informativas es el procedimiento habitual siempre que se recibe una queja contra un juez, porque de esa forma se estudia su contenido. En esta fase se trata simplemente de comprobar si hay materia disciplinaria o si lo que procede es el archivo por no haber infracción o por ser los hechos cuestión jurisdiccional (que no es competencia del CGPJ).

Las fuentes consultadas por este diario señalan que por el momento no hay más novedad, y que únicamente si se determina que hay materia disciplinaria se abriría un expediente y sería entonces cuando podría hablarse de investigación.

La exconsellera Pradas presentó el 14 de mayo un escrito de queja contra la magistrada de la dana ante el promotor de la Acción Disciplinaria. En el escrito, Pradas relataba una supuesta actuación arbitraria de la magistrada de la dana que consistía en la denegación de diligencias, la falta de motivación de sus resoluciones y el uso de determinadas expresiones.

También se señalaba la posible intervención de personas ajenas al procedimiento en esta voluminosa instrucción, e incluso apuntaban directamente a la pareja de la jueza, también magistrado en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

El promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, tiene una primera fase de análisis. Comprobar si el relato y los argumentos de la investigada –las quejas solo las pueden presentar las partes de un procedimiento– reúnen material supuestamente disciplinario. Si la respuesta es negativa, se archiva directamente.

No ha sido así, y por ese motivo se ha acordado la apertura lo que se conoce como unas diligencias informativas, una primera criba acerca de la naturaleza de la información recibida. Sobre la mesa del magistrado Conde siguen también las alegaciones de Emilio Argüeso, otro de los investigados en la causa. El exsecretario autonómico aseguró ser víctima de «indefensión total» porque no sabía de qué se le acusa, además de explicar que el marido de la jueza, que es también magistrado en el juzgado de instrucción 4 de Valencia, intervenía en la causa.

Argüeso hacía referencia, a través de su letrado, al auto en el que la jueza pedía a las acusaciones que dijeran si existían indicios de responsabilidad penal por los homicidios y las lesiones imprudentes. «Ninguna de las acusaciones supo dar ni un solo motivo concreto de imputación de los investigados, con lo que la instructora está desoyendo el mandato de la Audiencia Provincial de Valencia, y mantiene su criterio de imputación a don Emilio Argüeso como una foto fija, aun cuando carece de motivaciones concretas (y si las tiene no nos las ha hecho llegar) de imputación, además de someternos a la lucha con casi setenta acusaciones, lo que nos genera indefensión total», indica la queja.

El Poder Judicial también acaba de acordar, según cuenta 'Las Provincias', la apertura de diligencias por la queja formulada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños por el interrogatorio al que le sometió en su momento el juez Peinado.