El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años

Este apartamiento de la dirección del Ministerio Público, que debería ser inmediato en cuanto se le notifique oficialmente la sentencia completa, algo que todavía tardará algunos días, es el gran castigo, porque, como era previsible, García Ortiz no entrará a prisión pese a que las acusaciones reclamaron entre cuatro y seis años para el procesado.

El ya condenado en firme ha eludido lo que habría sido más gravoso -la pena de cárcel-, pese a lo relevante que ya resulta que se vea forzado a abandonar la jefatura de la Fiscalía, y con ello el ejercicio profesional, después de haberse negado a dimitir cuando fue enviado a juicio. Al condenarle por el tipo penal del 417.1, solo cabe que la inhabilitación haya sido por la difusión de la nota de prensa del 14 de marzo de 2024, que incluía datos de la confesión de González Amador, y/o por la filtración a la Cadena Ser de los correos de su negociación.

Del mismo modo, la sentencia le impone una multa simbólica de doce meses con una cuota diaria de 20 euros (7.200 euros en total) y otros 10.000 en concepto de responsabilidad civil. Una parte especialmente dolorosa, en todo caso, para García Ortiz, ya que supone que deberá abonar esta cantidad a González Amador por los «daños morales» ocasionados. Es decir, la Sala Segunda certifica que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue víctima del fiscal general y que su actuación, tal y como sostuvo en el juicio el empresario procesado por presunto fraude fiscal, le supuso un daño reputacional a su imagen y honor.

«Me ha reventado mis derechos fundamentales al convertirme en el delincuente confeso del Reino de España; me voy del país o me suicido», llegó a lamentar González Amador en la vista oral.

La sala, que solo ha adelantado el fallo pero no el contenido de la sentencia que se hará público en los próximos días, también ha comunicado que el tribunal ha absuelto a García Ortiz «del resto de los delitos objeto de la acusación». O lo que es lo mismo, los magistrados descartan que el imputado «prevaricara», tal y como sostenía la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), acusación popular muy beligerante con el jefe de la institución. Pero el Supremo, 'sensu contrario', también ha rechazado la posibilidad de condenar al fiscal general por un delito de segundo orden, el de infidelidad en la custodia de documentos, planteado por algunas acusaciones como alternativa si el tribunal no veía acreditada la revelación de secretos.

La sentencia íntegra, entre otros motivos, no se difundió este mismo jueves porque la ponente de la resolución, Susana Polo -junto con otra de las magistradas de la Sala Segunda, Ana María Ferrer García, ambas de sensibilidad progresista- ha disentido de la mayoría de sus compañeros: Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral, Carmen Lamela y José Ramón Berdugo. Así las cosas y tras verse Polo en minoría en las deliberaciones, la nueva ponencia la ha asumido el presidente del tribunal, Martínez Arrieta, quien ahora tendrá que redactar el fallo. Tanto Polo como Ferrer han anunciado votos particulares a la condena.

Según fuentes judiciales, las dos magistradas discrepantes abogaban por la absolución de García Ortiz, al entender que en las seis sesiones del juicio que se celebraron entre el 3 y el 13 de este mes no ha quedado acreditado que el fiscal general participara en la filtración entre el 13 y 14 de marzo de 2024 del 'mail' que Carlos Neira, abogado de González Amador, remitió al fiscal del caso, Julián Salto, y en el que reconocía que «ciertamente» su cliente había cometido dos delitos fiscales relacionados con el Impuesto de Sociedades de los ejercicios de 2020 y 2021 superior a los 350.000 euros.

La comunicación del fallo de la futura sentencia se ha hecho en tiempo récord, teniendo en cuenta que la vista oral concluyó el jueves de la pasada semana a última hora de la tarde, con la presentación de los informes finales de las partes. En esa última sesión, tanto la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, como la Fiscalía pidieron la libre absolución del investigado, frente a las acusaciones populares y la particular (González Amador) que reclamaron la condena que ahora se ha consumado.

Desde que en marzo de 2024 se conociera la filtración del correo electrónico del letrado del novio de Ayuso, García Ortiz siempre ha mantenido que nunca facilitó ese documento a nadie externo de la Fiscalía y que su único propósito al pedir conocerlo era para desmentir -en la nota pública de la mañana del 14 de marzo y cuya publicación también fue objeto de largo debate durante el juicio- que hubiera sido la Fiscalía la que había promovido el acuerdo con González Amador, tal y como estaba informando la noche del 13 el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. El fiscal general, durante su medida declaración ante sus juzgadores, no se movió un ápice de su versión de que ni filtró ese documento ni dio órdenes a terceros de que lo hicieran.

Durante el juicio declararon 40 testigos. Entre ellos, varios fiscales subordinados de García Ortiz; González Amador; Rodríguez; el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; la ex alto cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato; y una docena de periodistas, cuatro de los cuales hicieron por exculpar al hoy condenado al asegurar que tuvieron acceso al contenido del correo antes que el fiscal general. Para la mayoría de la sala, sus testimonios no han sido tenidos en cuenta para contrarrestar la prueba indiciaria.