El Supremo exige al Gobierno que informe cada 15 días sobre los solicitantes de asilo

El juez del Supremo Carlos Lesmes trata de confirmar de esta forma la intención del Gobierno de atender a los menores solicitantes de asilo después de que el propio tribunal, a principios de junio, amenazara con sanciones si el Ejecutivo no adoptaba medidas urgentes para los migrantes que se habían quedado fuera del Sistema de Protección Internacional en las islas por falta de plazas.

Tras las advertencias del alto tribunal, el Estado se comprometió a garantizar el «acceso inmediato» al sistema estatal de acogida a todos los menores que hayan solicitado asilo en Canarias. El Supremo había amenazado con sanciones al Gobierno por «desconocer» los derechos que la legislación sobre protección internacional reconoce a los solicitantes de asilo, especialmente, a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

De hecho, el Gobierno central informó el lunes al Ejecutivo canario de que había procedido a dar de alta en el Sistema de Acogida a los primeros 827 menores migrantes no acompañados con derecho a asilo. Estos jóvenes son los que tienen el expediente completo y «chequeado» tanto por el Ejecutivo central como por el de Canarias. A partir de ese momento, pasaron a ser responsabilidad del conjunto del Estado.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, explicó que los niños y adolescentes se incorporarán a la red estatal, aunque permanecerán en las islas hasta que se les adjudique un nuevo destino. En total, unos 1.200 menores han pedido asilo en las islas y el Supremo ha estimado en mil los que deben recibir, por ahora, acogida estatal, aunque después del tirón de orejas de los jueces, el Gobierno central dará acogida a la totalidad de ellos.

La orden del alto tribunal para que el Gobierno central atienda a los solicitantes de asilo se ha producido en paralelo a la negociación entre el Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas para la distribución de menores. En su última reunión, el pasado viernes, ambas partes mostraron su enorme distancia para llegar a un acuerdo. El departamento de Sira Rego anunció que comenzará a trasladar a menores inmigrantes desde Canarias y Ceuta a la península en el mes de agosto, pero se encontró con la oposición de las autonomías gobernadas por el PP, que acusan al Ministerio de imponer el reparto. Según el Gobierno de Canarias, en las islas se encuentran unos 5.800 menores inmigrantes.