La UCO pilló a Ábalos con una mujer que intentó ocultar un disco duro durante el registro de su casa

Unos documentos que suman 239 páginas y que también revelan que los efectivos del instituto armado encontraron en el domicilio del empresario Antxon Alonso, dueño de la empresa navarra Servinabar, que está en el centro de la trama por las supuestas adjudicaciones irregulares, documentación que apuntaría que en realidad el 45% de esa sociedad está en manos de Santos Cerdán desde hace años, aunque el entorno del que fuera ex secretario de Organización del PSOE lo niega. «No está firmada por él ni estará en ninguna notaría ni en el registro mercantil», señalan estas fuentes.

En el caso del registro de la casa de Ábalos, «el agente observa cómo éste le indica que lleve algo de desayuno, procediendo ella (Anaís) a ingresar a una de las estancias de la vivienda, y antes de proceder a la salida del domicilio, el agente referido observa que porta algo oculto en su pantalón. Ante esta circunstancia, la agente realiza un cacheo, observándose que (Anaís) oculta un disco duro en su pantalón», señala el oficio de la Guardia Civil, que explica que previamente el exministro había pedido permiso a la UCO para que la mujer saliera del domicilio, alegando que debía sacar a su perro.

Ese disco duro externo de color azul era uno de los principales objetivos de la UCO aquel día, según fuentes de la investigación, que ya avanzan que esa memoria va a estar entre los efectos que primero se analicen de los incautados en los allanamientos de la pasada semana, donde la Guardia Civil, 14 meses después de que estallara el 'caso Koldo', por fin tuvo acceso a dispositivos privados de Ábalos.

Aunque tras el registro de su casa en la capital del Turia el todavía diputado afirmó que los funcionarios de la UCO solo se interesaron por su teléfono móvil, las actas de los registros revelan que los agentes se llevaron muchísimo más de la casa. En total, 34 dispositivos electrónicos, entre memorias USB, teléfonos móviles, ordenadores tarjetas SIM y discos duros, que –ya avanzan los agentes- tardarán meses en poder analizar y sistematizar.

En el registro de la vivienda del imputado y del bajo anexo a la misma, en la que los agentes se demoraron diez horas por la ingente cantidad de muebles y enseres que hay en esos dos locales, los funcionarios también se hicieron con una serie de cuadernos y cinco conjuntos de documentos, cuyo contenido las actas no especifican, pero que los agentes creen que pudieran estar relacionados con la investigación.

Entre la media docena de registros practicados el pasado 10 de junio (todos ellos vinculados con el informe de la UCO entregado cinco días antes al juez del Supremo que instruye el 'caso Koldo' y que ha provocado la caída de Santos Cerdán) también estuvo el allanamiento en la localidad vizcaína de Elorrio de la casa de Antxon Alonso, dueño de Servinabar, una de las empresas que está en el centro de la trama por haberse visto supuestamente beneficiada por los concursos amañados del Gobierno foral.

En un dormitorio del domicilio particular del empresario, según recogen los atestados, los funcionarios encontraron una escritura privada que probaría -aunque éste lo niega- que Cerdán en realidad es el propietario del 45% de las acciones de la constructora Servinabar. Según ese documento, Alonso transmitió al exnúmero 3 de los socialistas el 1 junio de 2016 al menos 1.350 participaciones sociales de las 3.000 que constituyen en total esa firma.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este miércoles que ni ella misma ni, por supuesto, el Gobierno conocía las últimas informaciones del informe de la UCO de la Guardia Civil sobre que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán era supuestamente propietario del 45% de la empresa Servinabar, lo que «no hace sino aumentar nuestra preocupación».

Sobre este asunto, la presidenta navarra ha anunciado que ha ordenado a la asesoría jurídica del Ejecutivo regional que se persone en la causa que instruye el Tribunal Supremo en el llamado 'caso Koldo'. «El motivo de esta personación es salvaguardar los intereses de la Comunidad foral ante un presunto daño patrimonial», ha afirmado la socialista al tiempo que ha señalado que «en este momento, en ninguna de las documentaciones aparecidas, no hay constancia de que haya ninguna ilegalidad en los diferentes procedimientos de adjudicación que se han llevado a cabo en los últimos años».

Chivite ha asegurado también que, «a día de hoy, ni el juzgado ni la Policía, nadie, ha solicitado al Gobierno de Navarra mayor documentación». «Esta es una cuestión sobre la que hemos pedido tanto a la Cámara de Comptos como a la Oficina de Anticorrupción y Buenas Prácticas que se realice una auditoría específica. La semana pasada enviamos un grupo de contratos y hoy hemos añadido uno nuevo, correspondiente a la adjudicación del colegio público de Arbizu», ha precisado.

Servinabar está en el centro de las investigaciones después de que enero de 2024, en UTE con Acciona y una tercera empresa, ganara el proyecto para duplicar los túneles de Belate, en Navarra. La sociedad jamás antes había participado en una obra de esta envergadura y su participación en este proyecto llamó la atención en muchos círculos. El concurso tenía un valor de 62,8 millones de euros (sin IVA) y fue adjudicado por la Consejería de Cohesión Territorial de Navarra del socialista Óscar Chivite, tío segundo de la actual presidenta autonómica. Unión del Pueblo Navarro (UPN) denunció de manera reiterada irregularidades, al igual que técnicos que valoraron el proyecto.

En un tercer registro, en el domicilio de otro de los empresarios, Antonio Fernández, vinculado a Obras Públicas y Regadíos (OPR), los funcionarios encontraron «un esquema manuscrito temporal donde figura el nombre de Ábalos», que fue intervenido junto al borrador de la programación del año 2023 «de la Subdirección General de Infraestructura, un texto manuscrito sobre obras en la provincia de Granada y adjudicaciones históricas del Ministerio de Fomento y OPR».