Jugar con fuego
El PP necesita evitar que Vox le utilice para trasladar a las instituciones su agenda ultra, como acaba de ocurrir en Jumilla
Murcia se ha convertido este verano en escenario de episodios que perturban la convivencia. Primero fueron las «cacerías» de inmigrantes hace menos de un mes ... en Torre Pacheco. Ahora una moción aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla quiere restringir el uso de centros deportivos municipales para que no puedan acoger «actividades culturales, sociales o religiosas».
La comunidad musulmana–1.500 de sus 27. 000 habitantes– se ha sentido de inmediato aludida, porque en los dos últimos años celebró en campos de fútbol las fiestas del fin de Ramadán y del Sacrificio, cuando familias completas se reúnen para el rezo de primera hora de la mañana. Que hosteleros del municipio les ofrezcan locales alternativos prueba la inexistencia de conflictividad social.
El texto final de la moción resultó de una transacción entre Vox, cuyo único edil en Jumilla la propuso, y el Partido Popular, que limó de aristas el contenido definitivo y facilitó que saliera adelante con sus diez votos y la curiosa abstención del concejal promotor. Todo ello en el marco de la negociación de los presupuestos del Ayuntamiento.
El hecho de que el partido de Santiago Abascal haya difundido a través de la red X su satisfacción por «la primera medida de España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos», y justifique la iniciativa «para proteger las tradiciones propias del pueblo español frente al avance de costumbres ajenas impuestas» enciende una alarma que se ha extendido a otros credos presentes en el país.
Al igual que la Comisión Islámica Española, los obispos católicos han pedido a los poderes públicos que garanticen el derecho a la libertad religiosa, protegido por la Constitución. Y expertos juristas recuerdan que la valoración a la hora de acoger un acto debe regirse por criterios técnicos y no por declarada oposición ideológica.
Murcia es una de las comunidades autónomas con mayor índice de población de origen extranjero –15,4% según el INE–. España alcanza ya los 49,5 millones de habitantes, en buena parte gracias a la llegada de inmigrantes. La clase política debe aprestarse a reaccionar unida y con contundencia democrática frente a los intentos ultraderechistas de jugar con fuego y trasladar a las instituciones su agenda más extrema. Un empeño que va a más, al calor de los vientos de intolerancia que llegan de EE UU y Centroeuropa, y en el que el PP necesita evitar verse comprometido y utilizado.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
