Poder y autoridad en la Junta de Personal Docente
¿Se le quiere pedir a la sociedad cántabra que no sean sus representantes legítimos en el Parlamento los que avalen el esfuerzo económico de la subida salarial?
Cuando se trata de tomar decisiones que afectan a un colectivo conviene haber reflexionado antes sobre la funesta confusión entre autoridad y poder. Nos recuerda ... J. María Esquirol (La escuela del alma) que «el poder proviene de los cargos, las tribunas y los instrumentos. El director de una empresa tiene poder como director. El general de un ejército tiene poder como general. Un hombre con una pistola tiene el poder que el arma de fuego da». Tener poder, en este sentido, significa dominar; tener posibilidad de imponer la propia voluntad; estar en disposición de determinar la acción de los demás, al margen o incluso contra lo que los demás quisieran. Usar el poder es el uso que la Junta de Personal Docente está haciendo de la función reconocida y legítima de representación y negociación en nombre del profesorado.
Poder convocar una huelga es tratar de imponer una voluntad propia al margen del daño y perjuicio a alumnado y familias rehenes y atrapados entre el sentido institucional (recordemos que la enseñanza es obligatoria) y del uso que de esas prerrogativas institucionales, por otra parte, hacen los sindicatos docentes.
Autoridad, en cambio, es diferente. Aquí no hay imposición, ni ceguera, porque la obediencia reposa en el discernimiento previo que otorga confianza y reconocimiento. ¿Quién tiene autoridad? Dice Esquirol, en la obra anteriormente citada, que sólo aquel al que se le reconoce una valía. Por eso, como H. Arendt escribe: «El peor enemigo de la autoridad es el desprecio y la forma más eficaz de minarla es la sonrisa socarrona (reírse de los demás)».
Las familias y alumnado pueden entender y perdonar la falta de delicadeza, incluso la injusticia, pero jamás la hipocresía.
La sociedad cántabra hace un esfuerzo económico y ofrece una subida salarial a docentes que les sitúan como los mejor pagados de España. Es más, transige con disminuir el tiempo dedicado a la formación para el reconocimiento retributivo correspondiente a los sexenios. Y, además, ¿se le quiere pedir, a esa misma sociedad, que no sean sus representantes legítimos en el Parlamento de Cantabria los que avalen el esfuerzo económico de todos? Y todo ello, ¿a cambio de qué? ¿Porque se lo merecen? Pues bien. No estaría de más que se releyera el documento de 'Acuerdo por la Educación en Cantabria' aprobado por todas las fuerzas políticas a instancia del Consejo Escolar de Cantabria.
Además de reivindicar el reconocimiento salarial se podrá leer lo siguiente: «Es necesario que el docente se esfuerce en su propio desarrollo profesional para ganarse el aprecio y la valoración social, así como el respeto de la comunidad educativa y la autoridad moral ante ella» (Pag. 26). Sabiendo, también, que el mismo acuerdo insta a la Administración a esforzarse en atraer, formar, desarrollar e incentivar a los mejores profesionales docentes. (Pag. 25).
El liderazgo siempre conlleva autoridad. El problema surge cuando ambos se difuminan en un instrumento de poder al servicio de intereses particulares y no para aumentar y crecer en la mejora del servicio educativo de toda la sociedad.
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