La lentitud del papeleo
Esta semana conocíamos que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) quitó las competencias a una funcionaria jefa de servicio por el retraso en ... el pago de 7 millones de euros en subvenciones a entidades sin ánimo de lucro. Una demora que podía haber costado la pérdida de los fondos y, por tanto, una sentencia de muerte para muchas de esas asociaciones que trabajan con la dependencia. Aunque los políticos han sido la diana recurrente desde hace años cuando se habla sobre inacción o falta de voluntad en la Administración, las miradas cada vez se fijan más en el trabajo de los funcionarios. Sobre todo en el sector de la construcción.
Sería un delito generalizar porque en el sector público, igual que en el privado, hay de todo. Excelentes profesionales y auténticas rémoras que lastran el trabajo de un departamento entero. Pero en el caso de la Administración, esos 'garbanzos negros' se convierten en cuellos de botella que paralizan proyectos de los que depende mucha inversión y muchos empleos.
Los ayuntamientos, por ejemplo, son el muro en el que se chocan las aspiraciones de las promotoras inmobiliarias de reducir los plazos de sus edificaciones. Por las manos de los técnicos municipales pasan todos los proyectos que solicitan su aprobación, un trámite que los constructores consideran que se prolonga más allá de lo necesario y por motivos injustificados.
Es un drama para los empresarios, pero los clientes tampoco se libran, ya que estos retrasos en las licencias o en la elaboración de planes generales repercuten en el precio final de las viviendas.
Lo explicó hace unos meses en una entrevista en El Diario Montañés el promotor lebaniego Antonio Casado: «Cantabria está de moda, pero no vienen inversores. El capital tiene miedo a la lentitud burocrática de esta región. Los grandes fondos se dan de plazo medio cinco años para sus proyectos, y aquí tardas diez años en desarrollar un suelo. Bueno, yo he tardado hasta veinte años con alguno».
Habrá que esperar que la Ley de Simplificación del Gobierno logre reducir los plazos o elimine los trámites superfluos que ahora alargan los tiempos. Es clave para la economía de Cantabria. Pesan tanto los millones de euros bloqueados en suelos sin desarrollar que un Presupuesto autonómico prorrogado.
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