El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
Servicios Sociales llega a principios de diciembre sin conceder las ayudas a entidades sin ánimo de lucro, algunas de ellas en riesgo de quiebra, por el retraso de una jefa de servicio en tramitarlas
Nunca antes un cargo político de Cantabria había quitado competencias a una funcionaria –a una jefa de servicio, en este caso–, pero la dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) se ha visto obligada a hacerlo ahora, por primera vez, ante el riesgo inminente de quiebra que se cernía sobre un buen número de entidades sin ánimo de lucro de la región, asfixiadas económicamente por el retraso en la tramitación de casi 7 millones de euros en subvenciones. «He pasado noches sin dormir por el peligro real y las consecuencias devastadoras de perder esas ayudas. Hemos tomado una decisión drástica y totalmente inusual, pero no podíamos seguir confiando en esa funcionaria», reconoce a El Diario Montañés la directora del Icass, Carmen Arce.
A quien se refiere Arce es a la jefa de servicio de Acción Social, quien anteriormente –entre 2010 y 2021– había ocupado la dirección del Centro Princesa Letizia del Ayuntamiento de Santander. Entre sus atribuciones está la de gestionar las distintas subvenciones que el Icass reparte cada año. El problema es que cada ejercicio se daban más tarde. En 2023 en agosto, en 2024 en octubre... y este año aún no se habían empezado casi a tramitar. Y si no se conceden antes del 31 de diciembre, esos casi 7 millones de euros se perderían, haciendo inviable la supervivencia de numerosas entidades sociales que dependen de esas ayudas para poder funcionar.
«Ese dinero es trascendental para las asociaciones. No tenerlo significa el cierre para algunas, despidos de trabajadores...», señala Arce. Por lo que la directora del Icass decidió intervenir y ordenó la avocación de competencias de la funcionaria a través de un informe que recoge expresamente «el riesgo de no ejecución del presupuesto y pérdida de fondos».
«Hay un enfrentamiento brutal entre la jefa de servicio y la subdirectora de Protección Social, el ambiente es terrorífico», reconocen fuentes de la Consejería de Inclusión
Según el documento oficial, firmado el pasado 10 de noviembre, ahora es la subdirectora de Protección Social de la entidad, Vanesa Pérez Olmo, la que se encargará de gestionar esos fondos. Precisamente, las relaciones entre Olmo y la jefa de servicio no son las mejores. «Hay un enfrentamiento brutal entre ambas, el ambiente es terrorífico», informan fuentes internas de la Consejería de Inclusión Social que dirige Begoña Gómez del Río (PP).
Tres fuentes de subvenciones
El Icass tiene ahora por delante un mes frenético para ejecutar los tres tipos de subvenciones que quedan por tramitar. Las primeras, y más importantes por cantidad, son las que llegan de Madrid como asignación tributaria del 0,7% del IRPF. Esa casilla que todos podemos marcar para la Iglesia o para fines sociales en nuestra declaración de la renta.
Por esta vía han llegado este año cerca de 6 millones de euros a las arcas del Icass. 6 millones que a día de hoy, a un mes de cerrar el ejercicio, aún no se han repartido. De hecho, no ha sido hasta el pasado viernes, después de quitarle las competencias a la funcionaria, cuando Servicios Sociales ha podido publicar la resolución provisional de los programas aprobados de entre todos los presentados por las entidades.
«He pasado noches sin dormir por el peligro real y las consecuencias devastadoras de perder las subvenciones»
Carmen Arce
Directora del Icass
«Hemos tomado una decisión inusual y drástica, pero no podemos seguir confiando en esta funcionaria»
Carmen Arce
Directora del Icass
El año pasado, por ejemplo, se concedieron estas ayudas a medio centenar de entidades distintas, entre las que se encontraban AMAT (140.000 euros), Plena Inclusión (212.000), Fundación San Cándido (375.000 euros) y Cruz Roja (214.000), entre otras.
En segundo lugar se encuentran las ayudas entregadas directamente por la Consejería, que rondan los 600.000 euros en esta ocasión, y que se deben destinar a financiar programas ya finalizados. El anterior ejercicio se dieron a medio centenar de entidades distintas, como Ampros, Nueva Vida, Aspace, Cruz Roja, Amica o el Banco de Alimentos, entre muchas otras, con cantidades que oscilan entre los 20.000 y los 1.000 euros para cada una. Esta línea de ayudas va algo más ágil que la anterior y el pasado 11 de noviembre finalizó el plazo para presentar alegaciones, por lo que solo hace falta que se publique la resolución definitiva.
Desde el Icass también informaron que, en tercer lugar, aún faltan por tramitarse diez subvenciones nominativas.
Explicaciones
Arce no fue demasiado explícita sobre las razones que había dado la funcionaria cuando le pidieron explicaciones sobre el retraso. «Nos dijo que estaba muy ocupada y que tenía mucho trabajo», se limitó a contestar. Pero es esta jefatura de servicio la que se encarga de esta gestión desde hace años y nunca se había producido antes una retirada de competencias. El Icass no concretó si había ocurrido algo inusual o distinto en esta ocasión.
La dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales tampoco quiso confirmar abiertamente si plantean abrir un expediente o una sanción a la jefa de servicio. «De momento estamos centradas en cumplir los objetivos de este año. Eso es lo más importante. Imagina si no hubiéramos hecho la avocación de competencias. Hubiera sido desastroso. Pero ahora solo nos preocupa dar las subvenciones», contestó Arce ante las reiteradas preguntas de este periódico sobre una posible consecuencia disciplinaria a la jefa de servicio.
Tampoco está claro si la retirada de competencias es temporal o el año que viene las subvenciones seguirán en manos de la subdirectora de Protección Social. La responsable del Icass, eso sí, quiso dejar clara que ella no ha visto «mala praxis». «Si hubiera sido así, estaría hablando de esto en otro lugar», indicó.
Cuando escampe y se salven las subvenciones de este año, Arce tiene previsto tomar medidas para evitar que no vuelva a suceder. Entre ellas, a comienzos de 2026 convocará una mesa con las entidades del tercer sector para revalorar las bases de las convocatorias, modificar lo que sea necesario para agilizar los trámites, eliminar las incoherencias detectadas en la redacción y que a partir de ahora «todo sea más claro».
