El tiempo es relativo. La percepción de una hora tumbado en la hamaca de la playa no es la misma que la de una hora ... en el hospital esperando una analítica. Ese axioma que Einstein explicó de una manera mucho más técnica, se hace muy evidente en el mundo de la política. Aunque al común de los mortales le parezca que todavía quedan dos años para las próximas elecciones autonómicas, los alcaldes ya empiezan a medirse las costuras porque solo quedan dos años. Y eso afecta a todas las decisiones que se toman en los despachos. Una vez que se supera el ecuador de la legislatura deja de ser la hora de los valientes y la orden es no cometer errores. Sobre todo en el urbanismo.
Por eso a nadie parece importarle demasiado que en Cantabria no se estén cumpliendo las leyes urbanísticas. Los planes generales se demoran años y décadas sin que los alcaldes les metan mano para adaptarlos a la realidad actual. No es lo mismo un modelo de crecimiento de los años 80 que de 2025, pero parece no haber excesivas prisas. No vaya a ser que se molesten los mismos vecinos que les tienen que votar más pronto que tarde. Es cierto que el Gobierno cántabro tiene una mano atada porque la última palabra, en este caso, la tienen los municipios. Pero la otra la tiene libre y nunca la ha usado. Ni este ni ningún otro anterior. La ley da poder al Ejecutivo para tomar el control del urbanismo municipal si no renuevan sus planes generales en un plazo concreto de años. Pero nunca ha ejercido esa competencia por cobardía. Y en España solo hay registrado un caso en Castellón en 2012.
Con la vivienda convertida en primer problema nacional es urgente perder el miedo a las urnas y lanzarse a una reforma urbanística de esquina a esquina de Cantabria. Porque como dice el proverbio latino: «la suerte favorece a los audaces».
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