Financiación autonómica: algunas verdades incomodas
Desde que España se constituyera en lo que ha dado en llamarse el Estado de las Autonomías, el asunto de la financiación autonómica ha sido, ... siempre, tema de controversia y, con frecuencia motivo de agrios enfrentamientos entre todos los que, de una forma u otra, están involucrados en el mismo: partidos políticos, gobierno central y gobiernos autonómicos.
No siendo experto en la materia, no me atrevo a entrar en cuestiones de detalle, pues, de hacerlo, es muy probable que patinara. Sin embargo, sí me creo autorizado para hacer referencia a algunas cuestiones relativas a la financiación autonómica que, a mi juicio, sería conveniente que todos tuviéramos bien claras. Se trata de algunas verdades incomodas, de las que, como digo, todos deberíamos ser conscientes.
La primera de ellas se refiere a la vigencia del sistema actual de financiación. Como saben todos ustedes, el sistema aprobado en 2009, tenía como fecha de caducidad el año 2014, por lo que, desde entonces, está necesitado de reforma. La primera verdad incómoda que conviene poner sobre el tapete es que si el mismo no se ha renovado, y probablemente seguirá sin hacerse durante algún tiempo, es por intereses espurios de algunas de las partes implicadas en el asunto. No reconocerlo así es, sencillamente, hacerse trampas en el solitario, algo en lo que, por cierto, algunos de nuestros más eximios representantes políticos pueden considerarse, sin lugar a dudas, como auténticos expertos.
La segunda verdad incómoda es que los criterios de reparto utilizados en el sistema de financiación autonómica son, por su propia naturaleza y pese a todo lo que se diga en contrario, subjetivos: el que se prime más o menos un criterio u otro (la dispersión geográfica, la orografía, la densidad poblacional, etc., etc.) va siempre en beneficio de alguien y, necesariamente, en perjuicio (relativo) de alguien. En consecuencia, se alcance el acuerdo que se alcance, si es que este llega a producirse, dejará siempre descontentos y, por lo tanto, motivos para ponerlo en tela de juicio.
La tercera verdad incómoda es que, en el fondo, a la mayoría de las partes implicadas, el asunto de la reforma de la financiación autonómica (como el de la renovación del poder judicial, la eliminación de la corrupción política, el llegar o no al 5% en el gasto de defensa, o, ahora que ha estado tan de moda, la prevención y lucha contra los incendios) les interesa únicamente cuando pueden sacar algún rédito político del mismo. Últimamente, tenemos dos ejemplos claros, e interrelacionados, al respecto: el relativo a la financiación singular de Cataluña y, al hilo del mismo, el de la financiación por habitante de las distintas comunidades.
Puesto que lo que se conoce acerca de cómo se arbitrará el primero es muy poco (por desgracia la transparencia brilla por su ausencia) y lo que se nos dice es que la propuesta sería extensiva a todas las comunidades autónomas, no me parece que tenga mucho sentido enconar el debate ahora mismo, salvo por el afán desmedido que algunos tienen de embarrarlo todo, cuanto más, mejor. En cuanto a la financiación por habitante, ¿les parece injusto, por ejemplo, que la de Cantabria, la comunidad mejor financiada, sea un 30% superior a la de Murcia, la comunidad peor financiada, o un 21% mayor que la de Madrid? ¿Habrá alguna razón (por ejemplo, las diferencias en el coste efectivo en la prestación de servicios básicos como la sanidad y la educación) que justifique tales diferencias? ¿Sería justo mantener estas diferencias en el futuro modelo de financiación autonómica?
Una cuarta verdad incómoda es que, aunque hay quien pone el grito en el cielo por las supuestas ventajas que se están otorgando a Cataluña para favorecer la gobernabilidad del país, nadie alza la voz acerca del sistema especialísimo de financiación del que gozan el País Vasco y Navarra. ¿Por qué? ¿Qué hay de singular en estas dos autonomías, 'territorios históricos', que justifique un trato privilegiado?
Por último, una quinta verdad incómoda es que, sea cual sea el sistema de financiación autonómica del que nos dotemos, este, como ocurre con el de ayudas regionales procedentes de la Unión Europea, no va a solucionar ni los problemas de atraso de algunas comunidades autónomas ni va a impedir el mayor progreso de las más avanzadas. Acordemos, pues, un sistema coherente (suficiente, corresponsable, solidario, …), que mitigue algo las diferencias interregionales y ya está. Aquí paz y después gloria.
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