Futuro hipotecado
La juventud sin techo propio en Santander
Entre alquileres abusivos y pisos turísticos sin control, la ciudad pierde a sus jóvenes. La inacción municipal ante la crisis de la vivienda condena a ... una generación a marcharse. El último informe del Consejo de la Juventud de España confirma lo que ya era evidente: para muchos jóvenes, emanciparse es un sueño cada vez más lejano. En realidad, para demasiados se ha convertido en una auténtica pesadilla. Los salarios no alcanzan. Los alquileres y la compra de vivienda se han disparado. Y el derecho a un techo digno se diluye entre cifras que no cuadran para una generación entera.
En Santander, la situación es aún más grave. Los alquileres suben sin control. Los pisos turísticos se multiplican. Y la falta de un parque público de vivienda asequible deja fuera del mercado a miles de jóvenes y familias. La vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un bien especulativo.
A esta realidad se suma un ejercicio de propaganda municipal que bordea lo grotesco. Recientemente se destaca en prensa que Santander lidera la construcción de vivienda en Cantabria. Una pírrica victoria, si tenemos en cuenta que ese liderazgo se produce en un contexto donde en el resto de la región apenas se edifica. Santander concentra la mitad de la población de Cantabria y, por tanto, la mayor demanda de vivienda. No es mérito, es necesidad. Y lo que se presenta como un logro, no deja de ser un vano panorama propagandístico. Peor aún: cuando se analiza la vivienda social ofertada, los números son escandalosos. Lo que el Ayuntamiento aporta en este terreno no alcanza siquiera al 1% de la demanda real. Si no fuera tan serio, parecería una broma de mal gusto.
Y no se trata solo de un problema juvenil. Cada septiembre, cientos de funcionarios de la educación, la sanidad o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad llegan destinados a nuestra ciudad. Y se encuentran con que buena parte de la oferta de vivienda en alquiler está restringida de septiembre a junio para ser liberada en julio y agosto a precios turísticos desorbitados. Esta precariedad habitacional convierte en un auténtico calvario encontrar alojamiento estable, incluso para quienes desempeñan servicios públicos esenciales en Santander. No hablamos ya de un drama generacional, sino de un obstáculo que afecta de lleno al funcionamiento de la propia ciudad.
La respuesta del Ayuntamiento ha sido la inacción. Con Gema Igual al frente, no se han declarado zonas tensionadas para limitar precios. No se ha frenado la proliferación de viviendas de uso turístico. No se ha incrementado la oferta pública de alquiler. Y lo más grave: no se ha puesto en marcha una estrategia real para crear un parque público de vivienda, y no hablamos de algo imposible ni de ciencia ficción. En Santander existen solares y espacios públicos abandonados, infrautilizados o directamente olvidados, sobre los que podría levantarse vivienda pública al servicio de la ciudadanía. Lo único que falta es voluntad política.
El PSOE de Santander ha planteado medidas claras: Declarar zonas de mercado tensionado para contener el precio del alquiler. Ampliar el parque público de vivienda, reservando parte para menores de 35 años. Regular de forma estricta las viviendas turísticas, limitando licencias en zonas saturadas. Impulsar programas de alquiler asequible y ayudas municipales complementarias al Bono Joven estatal. Yrehabilitar viviendas vacías y ponerlas en uso con incentivos y acuerdos con propietarios.
El Gobierno regional también tiene su cuota de responsabilidad. Dispone de competencias clave en esta materia y, sin embargo, se ha negado a alcanzar un acuerdo con el Gobierno de España que permitiría triplicar la inversión en vivienda pública, como se planteó en la reciente Conferencia de Presidentes de Barcelona. Una oportunidad perdida que refleja hasta qué punto falta compromiso político con este problema.
Me gustaría no tener que escribir estas líneas. Lo ideal sería que la alcaldesa hubiese liderado un gran pacto por la vivienda en Santander. Un acuerdo amplio, con todas las fuerzas políticas y la ciudadanía, para garantizar que la ciudad mantenga a sus jóvenes, pero también que acoja dignamente a quienes vienen a trabajar en servicios básicos. Ese pacto podría haber sido un compromiso común por el futuro, y no un campo de batalla política.
El problema de la vivienda es, en realidad, el gran reto de la sociedad en su conjunto durante la próxima década. Por eso, pedimos al Partido Popular que abandone la confrontación partidista y asuma una actitud positiva y de Estado en asuntos fundamentales como este. Porque no hablamos de ideología, hablamos de derechos. De oportunidades de vida. De futuro.
La vivienda no es un lujo. No es una mercancía más. Es un derecho constitucional y una condición básica para la igualdad de oportunidades. Quien gobierna tiene la obligación de garantizarlo. Lo contrario es hipotecar, para siempre, el futuro de nuestra ciudad.
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