La Justicia, injusta

En las páginas de El Diario Montañés se ha dado voz, estos últimos días, al colectivo de personas que han padecido un verdadero calvario, durante años, por una aplicación de la ley que perjudica a quienes en principio debería defender. Los compradores de casas en algunos municipios de nuestra región han sido sujetos pasivos de un proceso digno de ser novelado por Franz Kafka: adquieren una casa, pagan los impuestos y utilizan la vivienda bien como único domicilio o como segunda residencia.

Pasado el tiempo se enteran de que hay un procedimiento judicial para declarar ilegales sus hogares y una sentencia que obliga a su demolición.

Intervienen los abogados y un asunto que debería resolverse con rapidez y sentido común, se transforma en un pleito de años. Precisamente, el pasado mes de abril se cumplieron veinte años de la formación de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) que agrupó a los perjudicados que se adentraron en el lento y proceloso océano de la justicia. Un hombre, Antonio Vilela, ha dedicado una buena parte de su vida a agrupar a las familias que han visto o verán cómo se destruye su casa en una acción incomprensible.

La historia es nítida. En algunos –pocos– municipios de la región se denuncia la existencia de viviendas ilegales. No son edificios que atenten contra el paisaje, no se construyeron con nocturnidad, no tienen exceso de volumetría. No. Solamente que la compleja legislación urbanística no se ha cumplido de forma escrupulosa y quedan fuera de los planes urbanísticos.

Durante más de veinte años los dueños legítimos de las casas piden justicia, pero no hay forma: la ley ha delimitado dónde se puede o no construir y sus casas están fuera de ordenación.

El problema crece porque son muchas las personas afectadas y demasiado el dinero en juego. Si finalmente se ejecuta la sentencia y se producen los derribos habrá que indemnizar a los dueños. Los diferentes gobiernos regionales durante esas dos décadas prometen encontrar soluciones. Los tres grandes partidos (PP, PSOE y PRC) gobiernan solos o en coalición y aseguran que el asunto se arreglará.

Finalmente llegan los derribos. Primero en la playa de la Arena y ahora se avanza en el sinsentido de edificar nuevas casas para compensar las que se van a derribar. En algunos casos el propio Kafka se vería superado, porque en el mismo solar se pueden demoler y edificar las viviendas de nuevo.

La Justicia –con mayúscula– vela por la equidad y debe proteger a los inocentes, pero en este caso actúa en sentido contrario. Quienes adquirieron una casa, con todos los requisitos, se ven sumergidos en un pleito de más de veinte años y finalmente perderán sus casas o deberán esperar a que les entreguen otras en compensación. Los auténticos responsables, promotores, corporaciones municipales, gobierno regional, inspectores de urbanismo y un largo etcétera, impunes. Se condena a los inocentes y quedan libres los responsables

Más sorprendente es seguir la ruta de los derribos: muchos en Argoños, a más de dos kilómetros de la costa y en zonas apenas visibles. Otros en Piélagos también lejos de la playa y, en el colmo del disparate, una urbanización en Escalante construida frente al Ayuntamiento que para nada rompe la armonía del lugar. Los propietarios se ven perjudicados, los cántabros pagamos con nuestros impuestos los daños y quienes concedieron las licencias, prometieron soluciones y gestionaron el problema siguen tranquilamente sus vidas.

Existe una solución, legalizar de forma extraordinaria esas viviendas e imponer severas sanciones a quienes, bien por incompetencia, bien por lenidad permitieron que se edificaran a la vista de todos.

La razón de esas sentencias no fue mejorar el urbanismo. En las localidades en las que la masificación es evidente, donde son visibles algunos 'horrores', no ha habido ninguna sentencia de derribo. ¡Milagro! La varita mágica de la justicia pasó de largo y se detuvo en las urbanizaciones de Argoños, apenas visibles para el turista.

Si además añadimos unas gotas de demagogia diríamos: ¡Demoler viviendas por defectos legales mientras miles de cántabros no tienen donde vivir! Los jueces se limitaron a aplicar la ley redactada por los políticos, pero los efectos fueron que se produjo una injusticia. Una paradoja cruel.