Un elefante blanco sobre una barra de hielo
Cada cierto tiempo, la política local y nacional nos regala el mismo espectáculo: un proyecto anunciado con entusiasmo que acaba en un cajón. Arquitectónicamente se ... les llama 'elefantes blancos', y no por casualidad: son obras monumentales en apariencia que al final quedan en nada. El parque acuático de Sierrallana es solo un ejemplo reciente. Prometía turismo, empleo y modernidad y ha dejado facturas y un terreno vacío. Nació con grandes titulares, discursos sobre desarrollo y la eterna palabra mágica: empleo. Se presentó como una inversión estratégica para dinamizar el municipio y sus alrededores, atraer turismo y convertir el ocio en motor económico. El balance: nada. Ni agua, ni turistas, ni trabajo. Solo un carpetazo y una discreta resolución para cerrar un capitulo que quizás no debió de abrirse.
Cualquier proyecto puede fracasar, no todo van a ser triunfos, pero el parque acuático con inspiración cuaternaria es un ejemplo de un mal endémico: políticos obsesionados con transmitir optimismo –seguro, que bienintencionadamente– para elevar la moral de la tropa, pero quizás con demasiada precipitación. El parque acuático debería figurar en el inventario de fracasos públicos como recordatorio de lo que ocurre cuando la política se convierte en espectáculo. En ocasiones, se prioriza lo impactante sobre lo útil, lo inmediato sobre lo sostenible. Y cuando fracasan, nadie asume responsabilidades.
Por eso, lo que marca la diferencia entre un error legítimo y un fracaso inaceptable es la transparencia. Si los gobiernos explicaran claramente los riesgos, los costes y los motivos de un fracaso, la ciudadanía podría entender mejor. Sin embargo, silencio y opacidad. De momento, no hay datos oficiales de cuánto ha costado la broma. Extrayendo datos que han sido dados a cuentagotas por quienes no eran gustosos del proyecto –entre ellos la extinta ACPT– y entre lo que se ha gastado el Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria a través de Cantur, una cifra considerable para haberse diluido en la barra de hielo: el estudio urbanístico, 2.299 euros; asesoría jurídica, 11.737; estudio acústico, 6.292; vídeo en 3D del modelado, 4.840; estudio de tráfico, 6.292; anteproyecto, 7.163; informe arqueológico, 1.476, y de estos, 15.000 aportados por Cantur también para la redacción del anteproyecto.
Los proyectos fallidos no son solo un problema económico, sino también ético, social y político. No es cierto lo que dijo la ínclita Carmen Calvo, aquella lapidaria aseveración soltada en su día por la entonces ministra de Cultura de Zapatero y después ministra de la Presidencia y vicepresidenta con Pedro Sánchez: «El dinero público no es de nadie». No señora, tiene dueño y somos todos.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
