El exalcalde de Santillana: «Espero que se repare todo el daño que me han hecho»

El exalcalde, que está investigados en otras dos causas más (la de las supuestas irregularidades en la gestión del parking municipal y la concesión de subvenciones al fútbol), avanzó a este periódico que una vez que se acuerde el archivo definitivo de todo hará una valoración más amplia en una rueda de prensa. No obstante, sí quiso hacer algunas puntualizaciones respecto al informe del fiscal en el que pide al juez que dé carpetazo a este primera pieza (algo que tendrá que hacer el instructor al no existir otra acusación en la causa).

Como adelantó ayer El Diario Montañés, el representante del Ministerio Público sostiene que, «aunque se han constatado ingresos sin justificación por parte de Ángel Rodríguez, no se ha detectado en la investigación de la Policía Judicial flujo de capitales o pagos encubiertos o ilícitos entre los investigados en esta pieza». Sin embargo, Rodríguez niega tener dinero sin justificar. «Es mentira. En el informe patrimonial que realizó la Policía Judicial ha quedado constatado que he salido del Ayuntamiento con menos dinero que cuando entré. Mi patrimonio no ha crecido y está justificado», defendió.

A pesar de no haber detectado indicios de criminalidad en este caso, para el fiscal resulta acreditada la contratación recurrente con la misma empresa y la «connivencia entre las partes» por los correos y documental intervenidos, al igual que el «perjuicio o despilfarro de dinero público municipal por la inoperancia o inutilidad del gasto». La Fiscalía entiende que los indicios existentes responden a una «torpeza administrativa (cambio de criterio del alcalde), anticipación ilógica de trámites (redactar un proyecto para una piscina sin haber obtenido aún los terrenos donde se ubica y con la sola previsión de obtenerlos en el futuro), o la falta de previsión legal que dificultan o impiden la ejecución de la obra (intervención de administraciones como Patrimonio o necesidad de reforma del planeamiento)».

Sin embargo, el exalcalde rechaza esa «torpeza administrativa» que le atribuye el fiscal por encargar proyectos que después no se desarrollaron. «Los últimos movimientos en el Ayuntamiento han permitido adquirir los terrenos para poder ejecutar esos proyectos», replica.

Sin querer entrar en una valoración más a fondo, Rodríguez traslada el «daño personal y social que le está causando esta investigación basada en denuncias falsas. No sé quien va a pagar los platos rotos de todo lo que está pasando».

Al igual que hizo con el exalcalde, este periódico se puso ayer en contacto con la alcaldesa de Santillana, Sara Izquierdo (PRC), para conocer su valoración sobre la decisión de la Fiscalía, pero no respondió, como tampoco lo hicieron su hermana Stela Izquierdo y el gerente de Ingenia, Carlos Liaño Corona, investigados todos ellos en esta causa.

Desde que este caso salió a la luz en agosto de 2024, la alcaldesa de Santillana ha defendido su inocencia. Izquierdo siempre ha insistido en que el procedimiento utilizado para contratar a una empresa que después subcontrató a su hermana, fue «correcto». «Yo como alcaldesa no puedo contratar a un familiar directamente, pero sí podría contratar a la empresa familiar de otro concejal. Eso sí, en mi caso, yo lo único que hice fue proponer la adjudicación de esa empresa (Ingenia) y fue el alcalde el que lo adjudicó», explicó entonces.

La alcaldesa recordó que «todas las adjudicaciones las realizaba su antecesor mediante resoluciones de Alcaldía, con lo que él estaba dando el visto bueno a este contrato». Es por esto por lo que le «sorprendió», por un lado, la denuncia de Rodríguez. «Estuvo diez días pidiendo informes contra mí al interventor y el secretario y estos se negaron porque no había nada. Fue entonces cuando utilizó lo de la contratación de mi hermana», cuestionó.