La Fiscalía no ve indicios suficientes para acusar a la alcaldesa y a su hermana en el 'caso Santillana'

Esta causa surge a raíz de la denuncia que presentó en junio de 2024 el exalcalde Ángel Rodríguez contra la entonces concejal Turismo y su socia de Gobierno, Sara Izquierdo, por un supuesto delito contra la Administración de Justicia. Tras arrebatarle la Alcaldía con una moción de censura, Izquierdo respondió a su predecesor con una denuncia por el supuesto borrado de datos municipales, que dio lugar a otras tres causas más que están en fase de instrucción.

A raíz de esa denuncia, la Fiscalía ordenó a la Policía Judicial de la Guardia Civil una serie de diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos de las que se desprendieron una serie de «indicios de corrupción», y que se calificaron de forma provisional como presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos. Los investigadores llegaron a la conclusión de que entre los años 2021 y 2024, Rodríguez e Izquierdo (según cada expediente) establecieron un sistema estable para el apoderamiento ilícito de fondos públicos de baja intensidad, un «menudeo predatorio», concertado con una mercantil afín, Ingenia, a la que le adjudicaron diez contratos menores para la redacción de proyectos por 100.000 euros.

Respecto al polémico expediente por el que Ingenia subcontrató los servicios de la hermana de la alcaldesa para un proyecto turístico, los agentes apreciaron indicios de «connivencia ilícita» en cuanto al reparto de la ganancia presuntamente obtenida en «perjuicio municipal».

Sin embargo, cuando el magistrado Pablo Fernández de la Vega tomó declaración a los investigados y testigos, al fiscal le convencieron las explicaciones exculpatorias ofrecidas por los primeros, que dieron una versión alternativa a los indicios de criminalidad iniciales.

No obstante, para el Ministerio Público resultó especialmente «clarificadora» la declaración del secretario municipal de Santillana, quien aportó una explicación sobre cada uno de los contratos con la mercantil Ingenia. El funcionario municipal aseguró que esta empresa era un proveedor habitual de servicios del Ayuntamiento a través de contratos menores y que el procedimiento administrativo seguido para la contratación de sus servicios «se ajustó a la legislación».

El fiscal concluye que los proyectos contratados con esta empresa fueron «realmente ejecutados» y «entregados» al Ayuntamiento, si bien con posterioridad no fueron de utilidad y «cayeron en saco roto», en muchos casos porque no se llevó a término las actuaciones administrativas que motivaron su contratación. Aun así, «no se ha obtenido evidencia de que estuviéramos ante una contratación simulada o fingida con el exclusivo propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito a costa de la administración pública».

En lo que se refiere a la alcaldesa y su hermana Stela Izquierdo, que cobró a través de Sertuplan la mitad de un contrato (7.500 euros) adjudicado a Ingenia, «se ha acreditado que el trabajo se realizó y no puede derivarse o concluirse (más allá de una mera sospecha) una connivencia ilícita entre las partes».

Respecto a la intervención en este contrato de dos empresarias que presentaron dos ofertas a petición del gerente de Ingenia, el fiscal considera que «su participación es inocua e intrascendente desde el punto de vista legal».

Además, señala que, «aunque se han constatado ingresos sin justificación por parte de Ángel Rodríguez, no se ha detectado en la investigación de la Policía Judicial flujo de capitales o pagos encubiertos o ilícitos entre los investigados en esta pieza».

Para la Fiscalía resulta acreditada la contratación recurrente con la misma empresa y la «connivencia entre las partes» por los correos y documental intervenidos, al igual que el «perjuicio o despilfarro de dinero público municipal por la inoperancia o inutilidad del gasto». Sin embargo, el fiscal considera que «no se puede llegar a la conclusión de que estos hitos fácticos respondan a un concierto criminal en la contratación (fraude en la contratación), ni consta un quebranto legal burdo (prevaricación) y tampoco se ha acreditado un apoderamiento ilícito del erario público municipal».

La Fiscalía entiende que los indicios existentes responden a una «torpeza administrativa (cambio de criterio del alcalde), anticipación ilógica de trámites (redactar un proyecto para una piscina sin haber obtenido aún los terrenos donde se ubica y con la sola previsión de obtenerlos en el futuro), o la falta de previsión legal que dificultan o impiden la ejecución de la obra (intervención de administraciones como Patrimonio o necesidad de reforma del planeamiento)».