La futura OLA de Suances incluye una tarifa de 55 euros por temporada para segundas residencias
La norma, que no se aplicará hasta 2026, contempla la regulación de 2.080 plazas en el centro urbano y en la playa de Tagle
Aún queda casi un año para que se aplique, y eso si nada se tuerce durante el tortuoso recorrido burocrático, pero la futura OLA del ... Ayuntamiento de Suances recoge una tarifa de 55 euros para residentes temporales, esto es, propietarios no empadronados con segundas residencias en el municipio. A cambio, los usuarios podrán aparcar durante toda la temporada estival. Y lo mismo para empresarios y trabajadores de la zona regulada, como bares, restaurantes, hoteles y negocios similares. Si aparcan en área de pago, tendrán que pagar. Se librarán, eso sí, los residentes habituales que estén empadronados y tributen en Suances –hay unos 7.500 vehículos censados–. El resto, aquellos que acudan a conocer el municipio, dar una vuelta o bañarse en su playa, tendrán una tarifa única de 65 céntimos por hora, que se calculará por fracciones de 5 céntimos, redondeando a la baja.
En total, el Consistorio suancino proyecta regular 2.080 plazas entre los meses de junio y septiembre, de las cuales 1.814 estarían situadas en el centro urbano. Con un apartado, 140 corresponderían al estacionamiento en superficie de El Espadañal. En torno al arenal de Tagle, se establecerían los 266 espacios restantes.
Hasta aquí, todo bien. El problema es que ya ha habido que dar marcha atrás nada más iniciarse los trámites para adjudicarle el servicio a una empresa externa. El Ayuntamiento se vio obligado a introducir una modificación en el pliego de condiciones tras incluir en la zona de pago el área de La Bárcena, de propiedad privada. El error supuso la retroacción en el procedimiento en el momento de aprobar el expediente y autorizar el gasto, y la apertura de un nuevo plazo para la presentación de proposiciones. De ahí que el alcalde, Andrés Ruiz Moya (PSOE), hablase ayer de la aplicación de la ordenanza en un futuro muy lejano. «La medida no está licitada y la tarifa para no residentes se aplicará el año que viene, siempre y cuando haya finalizado el proceso administrativo». Hasta ahora, tan solo «hemos aprobado el pliego de condiciones, pero queda mucho por delante».
En ese pliego se recoge un valor estimado de 4,9 millones de euros y una duración máxima del contrato de ocho años. La concesionaria se ocupará de la explotación de los aparcamientos y de los servicios de vigilancia de vehículos, así como de la instalación de la maquinaria necesaria y de la contratación y pago del personal que verifique el pago de los usuarios.
Aunque el alcalde insiste en que las tarifas no han sido aprobadas ni mucho menos son oficiales, desde la oposición en el Ayuntamiento suancino ya han expresado sus dudas acerca de algunas cuestiones. Concretamente, el portavoz popular, Carlos Montes, pone en jaque que los hosteleros y trabajadores de los negocios locales tengan que abonar lo mismo que los residentes temporales, es decir, 55 euros por temporada. «Bastantes dificultades tienen ya para encontrar personal», expresó Montes en su momento. Por poner un ejemplo de lo contrario: Aunque finalmente no se ha regulado el aparcamiento en el casco urbano, el Ayuntamiento de Comillas proyectaba un sistema de pago en el que los empresarios –e incluso clientes– obtuviesen alguna bonificación por aparcar en zona regulada. Desde la oposición también le afearon al regidor socialista que no «cumpla los plazos» para implantar una medida de la que ya se empezó a hablar en 2023 y que previsiblemente, no será aplicada hasta el verano de 2026. «Y eso sin tener en cuenta que una vez se haya adjudicado a una empresa, ésta tiene que pintar todas las plazas e instalar los parquímetros, lo que lleva un proceso», recordó a su vez el portavoz del PRC, Sergio Casanova.
Diferencias aparte, todos están de acuerdo en cobrar por aparcar y ordenar las plazas, porque el caos circulatorio en verano es también un problema endémico de los municipios costeros en Cantabria. Y cada vez son más los ayuntamientos que se plantean establecer este sistema y que sean los turistas o los propietarios de segundas residencias quienes más contribuyan. Le pese a quien le pese.
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