Vecinos del edificio okupado en Bezana acusan a la Sareb de ignorar su situación

Según explican en un escrito remitido ayer a este periódico, los cinco firmantes, a la sazón residentes en esta urbanización, han intentado regularizar su situación en repetidas ocasiones desde el mismo día en que se produjo el cambio de propiedad, algo que nunca ha sido posible porque el nuevo titular, la Sareb, no habría puesto mucho entusiasmo en que así fuera.

En su interés por distinguirse de esos otros residentes en la urbanización que al cambio de propietario dejaron de pagar su renta, sin preocuparse de nada más, este grupo de vecinos, afirman, «hemos requerido a la Sareb en sucesivas ocasiones y desde 2018, de distintas formas y medios -incluyendo comunicaciones fehacientes a través de burofax-, toda la información necesaria para regular nuestra situación y abonar el importe de las rentas por los contratos de arrendamiento vigentes, habiéndose hecho caso omiso por parte de la Sareb». En similares términos, añaden, «se ha solicitado de forma sucesiva la posibilidad del acceso a la compra de las viviendas por parte de los residentes», una petición a la que, según denuncian, la sociedad gestora del inmueble habría respondido con un «nos pondremos en contacto».

En resumen, que cuando las viviendas pasaron de unas manos a otras, de las de la empresa que les llevó a la urbanización a las de la Sareb, ellos quisieron continuar pagando sus alquileres e incluso adquirir el piso en propiedad pero ninguna de esas dos cosas fue posible y no precisamente por su causa.

«Es el propietario de los inmuebles, el Estado a través de la Sareb, el que se ha negado de forma reiterada a renovar los contratos, aceptar el cobro de la renta e, inclusive, a vender dichos inmuebles a sus actuales residentes, sin ofrecer una salida razonada y viable como es de esperar de una entidad pública, máxime cuando, además, se ha tenido conocimiento por parte de los firmantes que la Sareb ha vendido inmuebles a otros compradores que no son los residentes del edificio a través de un sistema denominado 'subasta privada' en el que nosotros no hemos podido participar», se quejan.

Y todo lo anterior, concluyen, «a pesar de que, en distintas manifestaciones públicas que han venido realizando desde el año 2018, la Sareb, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana se comprometieron con los residentes a mantener sus contratos de alquiler, e incluso con opción a compra, cuando la Justicia se pronunciara sobre su titularidad».