Suspenden el juicio por prostitución tras un ataque epiléptico al principal acusado

La indisposición del procesado, de nacionalidad rumana, se produjo poco después de que la Fiscalía ratificase su petición de pena frente a él de nueve años de cárcel por dos presuntos delitos de trata de seres humanos y prostitución sobre una mujer, también rumana, que padecer una discapacidad intelectual del 65%, según ha establecido el Gobierno de Cantabria.

La representante de la Fiscalía –que también mantuvo la petición de tres años de cárcel para los otros dos acusados por un delito de prostitución– considera que «existen pruebas más que suficientes» para mantener los cargos frente a los tres hombres que han sido juzgados, y que tendrán el derecho a la última palabra el próximo jueves, cuando se retome el juicio. «La discapacidad de la mujer es evidente, según han manifestado los guardias civiles y los peritos», resaltó la fiscal, frente a la versión de los procesados, que dicen que no apreciaron nada.

La fiscal explicó que estamos ante un caso en el que se ha empleado la técnica del 'Lover Boy', «que consiste en captar a una persona en su país, aprovechando su vulnerabilidad y engañarla con promesas con el fin de explotarla, para que ejerza la prostitución, o laboralmente».

A juicio de la representante del Ministerio Público, el delito de trata «se consumó en Rumanía desde que el acusado captó a la mujer».

La acusación particular que inicialmente había añadido a los delitos planteados por la Fiscalía el de agresión sexual continuada, que atribuía a los tres acusados (por los que solicitaba para el primero 19 años y medio de cárcel y para los otros 15, además de sendas indemnizaciones a la mujer) modificó sus conclusiones iniciales y se adhirió a la calificación penal y penas solicitadas por la fiscal.

Por su parte, la defensa, que pedía la absolución de los tres acusados, avanzó una petición alternativa en la que solicitaba la atenuante de dilaciones indebidas por «los tres años y medio» que había durado la instrucción, y planteaba un «error» del tipo penal contra los dos acusados de mantener relaciones con la víctima al no saber su condición de discapacidad.