Las defensas piden la nulidad de la instrucción de 'La Loma' y tratan de expulsar a Santullán de la causa

En una clara unidad de estrategia, los abogados de los acusados han alegado también la «falta de legitimación» de la Junta Vecinal de Santullán para ejercer la acusación particular, con lo que pretenden expulsar del procedimiento a esta parte, que ha formulado cargos contra 11 acusados, informa E. Press.

Estas han sido las dos peticiones genéricas formuladas por las defensas durante la sesión de cuestiones previas que ha celebrado este martes la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, tras la decisión de la Fiscalía de «contraer» la causa al SUNP-12 y retirar los cargos a 39 de los 45 imputados iniciales, tras lo cual se retiraron del procedimiento todas las acusaciones particulares salvo Santullán.

De aceptar la sala la falta de legitimación alegada por las defensas, únicamente quedaría como acusación la Fiscalía, que solo mantiene los cargos contra seis de los 45 acusados iniciales. Varios abogados de las defensas han elogiado la posición de la fiscal de la causa, Pilar Santamaría, al «tratar de poner coto a una causa injustificada e innecesariamente voluminosa».

Las cuestiones previas continuarán el próximo martes, 19 de noviembre. La sala, presidida por el magistrado Agustín Alonso, resolverá las cuestiones previas en un auto que se notificará a las partes antes del comienzo efectivo del juicio, señalado en principio a partir del 25 de noviembre.

Antes, la sala ha acordado mantener como acusados, «desde el punto de vista formal», a los 32 imputados iniciales, a pesar de que «materialmente» la Fiscalía y la Junta Vecinal de Santullán han retirado los cargos contra ellos.

Ello supone que no podrán declarar como testigos, lo que les obligaría a decir la verdad, sino que lo harán como acusados, aunque «materialmente» ya no lo sean, y tendrán derecho a no declarar, a no declarar contra sí mismos, a no responder a las preguntas de la acusación y a la última palabra.

En el caso de la Junta Vecinal de Santullán, los principales reproches de las defensas para cuestionar su legitimidad para ejercer la acusación particular, han sido por un lado que no hay un acuerdo de la Junta Vecinal que ampare esta actuación; y por otro lado, que en la reformulación de su escrito de acusación, al adherirse a la realizada por la Fiscalía, ha acusado a algunos imputados de delitos por los que no les acusó inicialmente, lo que algunos letrados han calificado como «temerario».

En el caso del juez Acayro Sánchez, todas las defensas que han intervenido hoy le han acusado de realizar una investigación «prospectiva» y de abrir una «causa general, en base a hipótesis», con una clara «falta de imparcialidad», por «una especie de animadversión» y «predisposición contra los investigados, buscando únicamente su imputación».

Los letrados le han reprochado una «actitud poco técnica», utilización «arbitraria» de la testifical, actuaciones procesales «fraudulentas y dilatorias», investigación «opaca», registros en domicilios de forma «injustificada», hechos «insólitos» como dictar dos autos de transformación de diligencias en procedimiento abreviado, y un largo etcétera.

Para los abogados de las defensas, esta manera de proceder ha provocado un perjuicio moral a sus patrocinados, que han sufrido «una pena de banquillo persistente» durante años, y «graves vulneraciones» de derechos, que «no son subsanables», por lo que han pedido la nulidad de actuaciones de toda la fase de instrucción y «que se inicie la investigación desde el principio»

La fiscal únicamente ha mantenido los cargos contra los exalcaldes de Castro Urdiales Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, a quienes la Fiscalía ha reducido a cuatro y dos años de cárcel respectivamente, la pena que solicitó en el escrito inicial de acusación del año 2012.

A Díaz Helguera le imputa un delito continuado de cohecho por el que le reclama cuatro años de cárcel, inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años y multa de 149.082 euros; y a Muguruza, que llegó a ingresar en prisión preventiva por esta causa entre el 18 de febrero y el 9 de marzo de 2010, un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, por el que pide dos años de cárcel y 10 de inhabilitación, descontando el tiempo que estuvo en prisión preventiva y el que estuvo privado cautelarmente de competencias urbanísticas y de contratación, respectivamente.

Por su parte, para Pedro Restegui, que ejerció funciones de arquitecto municipal entre 1997 y 2005, la fiscal del caso, Pilar Santamaría, pide cuatro años de prisión por delito continuado de cohecho, inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años y multa de 1,8 millones de euros.

Cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación solicita también por delito continuado de cohecho para la técnico de Urbanismo Yolanda Sánchez, a la que reclama 442.336 euros de multa; y siete de prisión para el ex secretario César Sáiz: tres por falsedad documental en concurso con prevaricación y cuatro por delito continuado de cohecho, así como multas de 1.087.334 euros y 10.500 euros, y un total de 10 años de inhabilitación.

Por último, para el director de obra Valentín Galdós, pide un total de cinco años de cárcel: cuatro por delito de cohecho y uno por el de falsedad documental, así como 39.000 euros de multa.

Los 11 acusados que propone la Junta Vecinal de Santullán son el exalcalde Fernando Muguruza y los concejales de su equipo de Gobierno, José Miguel Rodríguez KyK, Concepción Carranza, Jaime Díez Muro, Salvador Hierro, Santiago Vélez y Juan Tomás Molinero; el exsecretario municipal, César Saiz; Carmen Villanueva, ex-ingeniera municipal; Pedro Restegui, exarquitecto municipal; y el arquitecto y director de obra Valentín Galdós Tobalina.

Tanto la Fiscalía como la Junta Vecinal de Santullán piden que se declare la nulidad del Plan Parcial del SUNP 12, del proyecto de compensación, del proyecto de urbanización y de las licencias de obras concedidas; la demolición de las viviendas construidas al amparo de ellas (46), y en particular de las están en zona de servidumbre del futuro vial autonómico y de la autovía A-8 (11).

La Fiscalía también pide que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro Urdiales, que en la fase de instrucción intervino como perjudicado, llegando a formular escrito de acusación en diciembre de 2013.

Según el Consistorio, este cambio de posición procesal es consecuencia del auto de apertura de juicio oral de mayo de 2015, dictado por el juez instructor, Luis Acayro Sánchez, que «en contra de una corriente doctrinal mayoritaria, negó al Ayuntamiento la opción procesal de intervenir como perjudicado y a la vez como responsable civil subsidiario».