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Imagen actual que presenta la urbanización de La Loma. A. Verano
La Loma de Castro, doce años después

La Loma de Castro, doce años después

A falta de la construcción del depósito del Monte Cueto, los vecinos de esta zona, que acusaban a los constructores de estafa, han decidido retirarse del procedimiento judicial | El Ayuntamiento ha llevado a cabo varias actuaciones para regularizar la situación de cientos de chalés

Abel Verano

Castro Urdiales

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Domingo, 29 de septiembre 2019, 11:00

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Han pasado doce años desde que el magistrado Luis Acayro Sánchez -impulsor de decenas de causas durante su estancia en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales- abriera una investigación contra constructores, alcaldes, concejales y técnicos municipales, que afectaba a los vecinos de La Loma de Castro Urdiales y también a la urbanización Residencial San Pelayo (promovida por Sacyr Vallehermoso), que se encuentra deshabitada. Es el conocido 'caso La Loma', un macroprocedimiento que se juzgará a partir de este próximo martes, con 45 acusados entre constructores (13), expolíticos (22), técnicos municipales (7) y técnicos particulares (3).

Entonces los vecinos denunciaron una serie de deficiencias en sus viviendas y urbanizaciones relacionados con problemas de abastecimiento y salubridad del agua, falta de alumbrado eléctrico y trabajos inacabados de urbanización, entre otros. Estas fueron algunas de las razones que les llevaron a denunciar a los constructores al considerar que habían sido estafados.

Pero, doce años después, la situación de La Loma ha cambiado, fundamentalmente por la intervención del Ayuntamiento de Castro Urdiales, que en los últimos años ha llevado a cabo una serie de actuaciones para regularizar esta conflictiva zona de Castro. Eso sí, aún quedan actuaciones pendientes, como la construcción del depósito del Monte Cueto, cuyas obras han sido adjudicadas por 1,7 millones de euros y están a punto de comenzar, y otras obras de urbanización.

En el juicio, que arrancará el martes, hay acusados 22 expolíticos, 10 técnicos y 13 constructores

Según ha podido saber este periódico, el Ayuntamiento tiene previsto presentar una serie de documentación a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, encargada de enjuiciar el caso, en la que detalla todas las actuaciones que ha llevado a cabo durante estos años en La Loma. Como el Expediente de Modificación Puntual Nº22 del Plan General de Ordenación Urbana de Castro Urdiales relativo al reparto de costes del depósito del Monte Cueto y expediente de contratación de la obra o los expedientes de urbanización de los polígonos 1 y 2, sector 1 del SUNP-3, en lo que afecta la urbanización de las viviendas de esa zona, para lo que el Consistorio ejecutó varios avales a cuatro promotoras que están acusadas. Asimismo, ha presentado el expediente de modificación número 1 del Plan Parcial de Sunp-12, donde se levanta la urbanización de Vallehermoso, un informe de la situación actual del Sunp-7 de Mioño (otra zona que está en la causa) y una serie de sentencias dictadas en procedimientos contencioso-administrativos.

Unas 121 viviendas no tienen licencia de primera ocupación

Ha sido durante la pasada legislatura, bajo el mandato de CastroVerde, cuando se han llevado a cabo la mayor parte de actuaciones en La Loma por parte del Ayuntamiento. La ejecución de las obras restantes de la urbanización pública que hizo el Consistorio con cargo a avales de promotores (reposición de baldosas hidráulicas o bordillos de hormigón, mejora del pavimento, instalación de alumbrado y reparación del abastecimiento y saneamiento), la modificación del PGOU que regularizó el suministro de agua, así como el expediente de contratación en de un depósito de agua en el Monte Cueto para garantizar el suministro de la zona, permitió que se pudiera dar el visto bueno a las altas de agua de las viviendas, que recibían el suministro a través de mangueras.

Hace apenas un año, el por entonces concejal de Urbanismo, Eduardo Amor, señaló que en La Loma había unas 121 viviendas sin licencia de primera ocupación, «debido a que las promotoras lo que hacían era construir primero las viviendas, sin haber procedido a la urbanización previamente». «Este ha sido el modo de actuar en general en Castro en las dos últimas décadas. Lo público se dejaba para lo último. Las constructoras desaparecían, algunas sin depositar los avales, y ahora el Ayuntamiento tiene un problema de financiación para poder acometer esos trabajos pendientes», lamentó entonces Amor. Esta situación ha provocado que los vecinos tengan «una inseguridad jurídica porque sin licencia de primer ocupación no pueden vender sus viviendas».

Reacción de los vecinos

Como ya publicó este periódico el pasado jueves, todas las actuaciones de regularización de La Loma, en otras razones, han llevado a los vecinos de esta zona de Castro Urdiales, unos 150, que están representados por letrados diferentes, a retirar su acusación contra los once constructores implicados. Es decir, Vicente Santamaría (Bifamiliares y Adosados Castreños), José Luis Martínez Parra (Teconsa y Proinsa), Juan Ramón López Revuelta (concejal de Laredo), Javier Sáinz Artiach, Luis María Oteo Orive y Luis Carlos Pérez Ibáñez (Norsur), Daniel Colina y Juan Javier Nardoni (Altos de Otañes), Jacobo Gumersindo Puente (Castros 16 y Condominios del Norte), Ángel Santamaría y José Antonio Quindós (Quinorsa).

Esto supone que solo el Ministerio Fiscal es ahora quien acusa a todos estos promotores, aunque la fiscal que ahora lleva el caso, Pilar Santamaría, estaría estudiando la posibilidad de adherirse a la decisión de los vecinos, extremo ella mismo no ha querido confirmar, con lo que habrá que esperar a la celebración del juicio para conocer su decisión.

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