Conflicto entre los propietarios de los 170 amarres de Orconera y el Ayuntamiento de El Astillero
La Asociación de Atraques recurre al Supremo el cobro de las tasas que figura en el reglamento y acusa el Consistorio de no mantener la instalación
La Asociación de Atraques de la Dársena de Orconera y el Ayuntamiento de El Astillero llevan años enfrentados y sin acuerdo por el reglamento que rige la gestión y establece las tasas por el uso de la instalación marítima, donde atracan unos 170 propietarios. Los usuarios acusan a la Administración local, concesionario de la gestión del servicio por parte de la Autoridad Portuaria desde 2002, de elaborar una normativa que les obliga a abonar un canon que supuestamente «le corresponde al Consistorio», además de establecer las tasas anuales de las embarcaciones deportivas, con las que tampoco están de acuerdo.
Además, desde el colectivo cuestionan el comportamiento del Ayuntamiento desde que finalizase la primera concesión en el año 2017 –fue otorgada por un periodo de 15 años–, cuando «el Consistorio debía haber aprobado un nuevo reglamento y una nueva adjudicación de amarres», algo que no se hizo hasta el año 2023, lo que dejó a los usuarios en una situación de «precariedad y bloqueo». No obstante, la elaboración de otras normas a cargo del actual equipo de gobierno de Ciudadanos, con Javier Fernández Soberón (Cs) a la cabeza, tampoco satisfizo las necesidades de los amarristas, que terminaron por recurrir el documento en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
El juez emitió una sentencia en marzo en la que estimaba parcialmente la demanda, por considerar que en el reglamento objeto de litigio, el Consistorio realizaba una «injerencia desproporcionada en la autonomía organizativa de la asociación».
También determinó que se había vulnerado el principio de seguridad jurídica porque el Ayuntamiento está imponiendo de forma íntegra a los amarristas «una prestación que corresponde al concesionario». En el dictamen, el juez obligaba finalmente al Consistorio a anular una serie de capítulos del reglamento.
Con todo, los propietarios han vuelto a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para regularizar la situación de forma definitiva y que el Ayuntamiento cumpla con su responsabilidad «a la hora de mantener la instalaciones». Un extremo del que también se quejan los usuarios. Es más, «la dejadez de los distintos equipos de gobierno a lo largo de tres legislaturas ha llevado a la dársena a una situación de bloqueo administrativo, con las instalaciones deterioradas y la finalización de la última concesión (otorgada en 2017 por un plazo de diez años ) en dos años», argumenta el secretario del colectivo, Miguel Ángel Pérez.
«Nos encontramos en una posición de alegalidad, porque el reglamento no se aplica y el Ayuntamiento nos solicita el cobro de recibos de manera aleatoria, sin atenerse a norma alguna», detalla Pérez. Hablamos –dice– de «embarcaciones pequeñas de origen humilde cuyos dueños no pueden pagar las cantidades que se nos exigen y más teniendo en cuenta que el contrato finaliza en 2027».
Por otro lado, el secretario, que muestra varias instancias presentadas en el Consistorio para tratar esta cuestión, asegura que en todo este tiempo «no hemos logrado establecer contacto con el alcalde» y acusa a la Administración local de «abuso de poder». A lo que se añade otra circunstancia: «Hay propietarios de barcos que no han entregado la documentación pertinente a la asociación y acceden a la dársena saltando la verja».
El Ayuntamiento de El Astillero ha preferido no hacer declaraciones al respecto por ahora.
